lunes, 28 de noviembre de 2016

Las buenas intenciones

Foto: Cortesía RadarBC
El pasado 10 de noviembre el diputado local Catalino Zavala Márquez presentó en el pleno del Congreso Estatal una iniciativa de reforma a la Leyde Participación Ciudadana que, aunque con buenas intenciones, será insuficiente para promover una verdadera vida democrática al interior de Baja California. La reforma tiene básicamente dos propuestas.  

La primera es reconocer expresamente que la participación ciudadana es un derecho humano.   Esto es sin duda un avance para la democratización de la vida pública de la entidad pues significa que tendrán que fomentar la participación ciudadana como un valor presente en las decisiones del gobierno.
La segunda propuesta es agregar la audiencia pública como un mecanismo más de participación. Este nuevo instrumento habrá de sumarse a los ya existentes que son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Con este planteamiento, en efecto, se abrirá otro espacio de debate sobre temas de interés público. Sin embargo, ello no garantiza la inclusión de todas las voces, ni tampoco obliga a las autoridades a tomar una determinación basada en las opiniones que los participantes expresen en tales actos. Es un mecanismo pues, muy limitado.

Al proponer estas reformas, Zavala Márquez, dijo que se buscaba la modernización de la Ley de Participación Ciudadana. Pero el problema real no es que la norma sea obsoleta, como el legislador aseguró, sino que ésta es inoperable. La Ley de Participación Ciudadana tiene serias deficiencias que hacen que el ciudadano pase por un proceso burocrático complejo, amplio y confuso. Además quien quiera hacer uso de uno de estos instrumentos de participación tendrá que estar dispuesto a iniciar una contienda contra aquellos servidores públicos acostumbrados a gobernar de manera arbitraria.

Por traer a colación un ejemplo, tenemos el esfuerzo que hace el Frente Estudiantil Mexicalense por implementar un plebiscito en torno al alza de tarifas sobre el pasaje en transporte público. La agrupación ha enfrentado la falta de voluntad política del Ayuntamiento y del Consejo de Participación Ciudadana Municipal que han puesto varias trabas al procedimiento.

Otro intento de plebiscito fue protagonizado por el grupo que promovió un proceso de planeación participativa conocido como “Mexicali Ciudad de Gran Visión". Hace tres años este colectivo propuso realizar un plebiscito para aprobar el Plan Estratégico Municipal el mismo día de las elecciones locales pero la autoridad electoral, después de muchas reuniones con los promotores, se negó a llevarlo a cabo por falta de tiempo.

Es de vital importancia que la Ley de Participación Ciudadana sea operable, o como dicen popularmente: que tenga dientes. Es fundamental que el trámite de cualquier mecanismo de participación no quede sujeto a procesos burocráticos interminables. Además, es preciso que se prevea un presupuesto para la implementación de la ley y que los ayuntamientos actualicen su reglamentación, para que ésta se ajuste y no se oponga  a las reformas que hechas a la citada ley (como es el caso del Reglamento de Participación Ciudadana de Mexicali).


Y como dice el dicho popular: “de buenas intenciones están llenos los panteones”. Si queremos que la democracia no sea letra muerta en Baja California, empecemos por legislar con eficiencia, hacer leyes que sí se puedan aplicar.

miércoles, 23 de noviembre de 2016

Los parques ¿sitios de bienestar?

Foto: Pixabay
El pasado 5 de noviembre, un niño perdió la vida en el parque “Yoreme”, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora. Luis Antonio, con apenas 12 años de edad, jugaba con otros niños cuando un columpio literalmente le cayóencima. Según informan los medios locales, la estructura metálica estaba mal instalada o en muy malas condiciones (oxidada).

Familiares de la víctima y vecinos del lugar reclaman ahora a las autoridades que asuman su responsabilidad pues este hecho claramente no fue un accidente, como lo pretende hacer ver el alcalde y el hermano de éste, quien funge como director del departamento de Parques y Jardines. Esta tragedia es una negligencia de la autoridad municipal quien es responsable de la operación de todos los parques urbanos públicos de San Luis.

Parece mentira que un lugar tan inocente como un parque, que debería ser un sitio “indispensable para el desarrollo de la comunidad” (según documentos de Sedesol) e importante por su contribución al bienestar físico y mental de la población, sea en realidad un espacio de riesgo donde se pone en juego la salud y la vida propia así como la de nuestros seres queridos.

Al igual que en San Luis R.C., en Mexicali, el Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Públicos se encarga de parques, jardines y su equipamiento. Es esta área la responsable del mantenimiento y conservación de las casi 373 parques de la ciudad. Además, la Unidad Municipal de Protección Civil con auxilio de la Dirección Estatal de Protección Civil, son las responsables del control y vigilancia de los parques localizados en el municipio. Son ellos quienes deben verificar que las instalaciones no pongan en riesgo la integridad de sus usuarios.

Por otra parte, la legislación tampoco favorece a quienes hacen uso de los parques. Tenemos un Reglamento de Fraccionamientos obsoleto, anacrónico que debió desparecer por ley hace alrededor de 22 años. Esta norma tendría que obligar a los fraccionadores a entregar los parques de barrio con ciertas características. Pero como el ejecutivo estatal nunca publicó un nuevo reglamento, la aprobación del proyecto de fraccionamiento sólo obliga a donar cierto porcentaje de terreno para ser destinado a ese uso, sin que se especifiquen cómo deberán ser construidas estas instalaciones. 

Ante esta inacción de las autoridades y la falta de una adecuada legislación, nos toca como ciudadanos tomar la iniciativa. Si usted es usuario de un parque público e incluso de una instalación deportiva, este es el momento de que inspeccione usted mismo su parque de barrio y que se comunique con el Ayuntamiento o con el Gobierno del Estado (en caso de ser una instalación deportiva estatal) para denunciar todas las situaciones que crea pueden poner en riesgo su salud y la de la comunidad.

lunes, 7 de noviembre de 2016

La puerta cerrada del congreso estatal

Foto: RadarBC
El Congreso del Estado no es un edificio. El Congreso del Estado es el nombre que recibe la asamblea en la que participan los “representantes del pueblo” que en conjunto integran el Poder Legislativo de Baja California. El inmueble que ocupan ahora es entonces el marco físico que facilita el trabajo que estos servidores públicos deben desempeñar. Por sentido común, se esperaría que en este lugar se discutieran los temas de relevancia para la entidad ante ojos y oídos de los  bajacalifornianos, que fuera un espacio público que dé cabida a todo tipo de ideas e interpelaciones. No deberían entonces cerrarse las puertas a quienes no van únicamente a aplaudir.

Actualmente el salón de sesiones se asemeja más a un lugar para la meditación. Como fue señalado en la columna de opinión “Voz en off” dela semana pasada, ahí pareciera que todos están de acuerdo. No hay suficientes cuestionamientos de oposición, ni siquiera porque en estos días están compareciendo los titulares de las dependencias estatales para exponer sus respectivas glosas del informe. Lo que sí hay es una sospechosa calma. Una comunión entre el ejecutivo y legislativo que da a entender que todo marcha bien en Baja California.

Una puerta rota nos recordó que no es así. El miércoles 2 de noviembre, se negó la entrada al edificio a un grupo de maestros que notoriamente iba a manifestarse contra uno de los comparecientes. La orden fue cerrarle las puertas, negar no sólo su participación sino su ingreso a este sitio que debería ser un foro de discusión por excelencia de la vida pública de la entidad. El pretexto fue que la sala ya estaba ocupada a su máxima capacidad.

Y sí, efectivamente el salón estaba lleno… Pero estaba lleno de subordinados de las mismas dependencias comparecientes. Según lo que me contó un trabajador del Sistema Educativo Estatal y por lo que han denunciado los profesores “liberados” por lo menos dos secretarios usaron esa táctica para que no se escucharan las voces de la oposición.  El Poder Legislativo hizo el trabajo de comparsa, por ingenuidad o en complicidad, y dio la orden de no dejar entrar a este grupo del sector magisterial.

El resultado fue una puerta rota (o dos). Esto sucede cuando no se enfrentan los problemas y se pretende hacer que “no pasa nada”. Detrás de toda violencia siempre hay un conflicto irresuelto y detrás de cada conflicto hay partes involucradas que sienten vulnerados sus intereses.  La defensa de los finiquitos y jubilaciones de estos profesores evidentemente es una necesidad legítima y lejos de cerrar puertas se debe abrir el dialogo y este diálogo deber servir para acordar en cómo y cuando se cubrirán las deudas que el gobierno tiene con este sector.

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