jueves, 9 de abril de 2020

Oportuncrisis, el cliente que EUA perdió

En las crisis es común que surjan oportunidades que en otros tiempos no se habrían presentado. Oportuncrisis fue la palabra que inventó Homero Simpson para referirse a este fenómeno luego de que Lisa, su hija, le contara que en China el término crisis significa al mismo tiempo oportunidad. La palabra en chino no significa necesariamente ambas cosas, como dijo Lisa, al parecer esta confusión fue difundida por cursos de motivación y superación personal. Sin embargo, lo que sí es verdad es que estamos siendo testigos de cambios y oportunidades que China, está aprovechando muy bien.

Por ejemplo, el domingo pasado el presidente de los EUA amenazó con obligar a la empresa 3M a priorizar la venta de cubrebocas a la demanda de ese país. La firma intentó defenderse argumentando que existen implicaciones humanitarias para no cortar el suministro de ese material a Canadá y América Latina. Hace 3 días se supo que no fue necesario obligar a la empresa y esta se comprometió a proveerles, de manera prioritaria, más de 165 millones de mascarillas.

El canciller mexicano hoy nos dio cuenta del segundo cargamento de suministros médicos que están llegando al país desde China. Se tuvo que evaluar el estándar de calidad respecto al uso de los cubrebocas que esa nación ofrecía y compararla con la calidad con la que se venía trabajando en México ya que normalmente aquí se usan productos 3M. El producto chino fue aprobado por la COFEPRIS.

La actitud de Trump juega en contra de sus propias empresas. Ahora México no sólo piensa en comerciar cubre bocas, sino que ya se abrió un puente comercial entre las dos naciones para facilitar el transporte de otros insumos médicos desde aquel país. El incremento de la demanda de este tipo de productos generó una oportunidad enorme de ventas para quiénes los elaboran y distribuyen, pero la personalidad de Trump puso a México en bandeja de plata como cliente nuevo de China. Ya con el puente tendido, quién sabe qué otras cosas nuevas surjan.


martes, 24 de marzo de 2020

¿Con casino o sin casino?

Imagen: pixabay.com
Mexicali está reprobado en gobernanza urbana. En el 2018, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Hábitat y la Secretaría de Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) publicaron el Índice Básico de Ciudades Prósperas; entre las ciudades analizadas estuvo Mexicali que salió con una evaluación muy baja en dos de las cinco dimensiones que integran el concepto de prosperidad. Una de esas dimensiones es, como dije, el de la gobernanza urbana.
La gobernanza urbana es la capacidad del gobierno para dirigir de la mano con los ciudadanos, su propio desarrollo urbano. También se trata de prever y prevenir los conflictos y las inequidades que éste pueda traer. Si el desarrollo urbano no es dirigido por esta dupla ciudadano-gobierno, entonces no puede hablarse de gobernanza pues ésta exige el acuerdo y la acción conjunta de todos los actores al momento de orientar el desarrollo del municipio. La gobernanza urbana es darle las riendas del desarrollo al gobierno y a sus ciudadanos: a los dos al mismo tiempo.

La desregulación de las condicionantes para la operación de casinos es un ejemplo de la falta de gobernanza urbana. El mes pasado, nuestros diputados locales desaparecieron la prohibición que existía para establecer ese tipo de negocios en Baja California. Nadie supo de esta medida hasta que fue votada en el Congreso. Esta reforma junto con las modificaciones al impuesto para los juegos de apuestas es un desvelo de lo que será el proyecto de la 4T en la región. Se hace cada vez más evidente el modelo de economía que quieren implantar y ya se sabe del casino que el proyecto Chinatown que pretenden construir en el Centro Histórico y que incluye 1000 metros cuadrados para este tipo de establecimientos.

Lo que sigue es regular a nivel municipal los usos de suelo.  Ahora es responsabilidad de los cabildos modificar el Reglamento de Usos de Suelos o en su ausencia, los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población y desde ahí fijar las restricciones y condicionantes que estimen convenientes. Incluso podrían desde esa reglamentación prohibir la instalación de este tipo de negocios. No es que el municipio se haya quedado sin facultades para prohibirlos, es ahora cuando puede más puede actuar.

Dice la ONU que mejorar esta dimensión nos puede convertir en una ciudad próspera. Para ello es necesario que la legislación local, la administración pública y las estructuras de participación ciudadana, armonicen el funcionamiento de las demás dimensiones que integran el concepto de prosperidad. Yo digo que, si no se hace de esta manera, seguiremos siendo gobernados por un conjunto de amigos políticos-empresarios que conciben al gobierno como la incubadora de sus propios proyectos económicos.

¿Es justo el nuevo impuesto a la construcción?

La planeación urbana debe ir siempre de la mano de política fiscal.  El desarrollo urbano no sólo se trata de construir mucho. Cada nueva edificación o ampliación significa una nueva actividad o una intensificación de las actividades que ya se venían dando. Con ello, el gobierno municipal debe brindar servicios y adecuar la infraestructura a una realidad distinta. Eso evidentemente tiene un impacto en el erario público.

El día de hoy, la administración municipal propondrá al Congreso Estatal la creación de un nuevo impuesto que gravará a las nuevas construcciones. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el regidor panista Héctor Ibarra informaron a la opinión pública su postura en contra de la creación de este nuevo tributo que, dicen, impactará negativamente a los bolsillos de los compradores de vivienda media, edificaciones comerciales, turísticas e industriales. Es lógico pensar que tienen razón, la industria de la construcción es un negocio y en ese sentido buscará maximizar ganancias y por obvias razones no absorberá costos adicionales por su actividad.

Dicen los que saben, que para aumentar o crear nuevos impuestos es necesario evaluar las condiciones administrativas, económicas y políticas del momento. Dejando de lado las reservas de Ibarra Calvo sobre la supuesta incierta redacción, y olvidándonos un momento si la nueva administración será capaz de incrementar su capacidad recaudatoria, quisiera invitar a reflexionar sobre la conveniencia del pretendido impuesto en el contexto de la política urbana.

Es muy conocido por todos que Mexicali es una ciudad porosa. La expansión del área urbana ha salido bastante del control. No sólo tenemos desarrollos urbanos en las periferias, muchos de éstos, sobre todo los habitacionales se asemejan a zonas de desastre: abunda la vivienda abandonada o incluso es posible ver a diestra y siniestra conjuntos que nunca fueron habitados. En esa burbuja inmobiliaria perdimos todos: los trabajadores sus ahorros, el gobierno el subsidio a la vivienda social, y la ciudad, el costo de llevar infraestructura y servicios a esas zonas casi abandonadas. Ni hablar de la fiebre de centros comerciales y enormes edificios que aun siguen sin ser ocupados, sobre todo por el área conocida como “zona dorada”.

Los que pierden poco o nada son precisamente los desarrolladores. Una vez cerrado el negocio ellos se desentienden del problema, guardan las ganancias en sus bolsillos y van en busca del siguiente cliente. En ese sentido me parece muy justo que el gobierno municipal busque recaudar más con esa actividad. De alguna manera debe financiar las nuevas obligaciones que el desarrollo urbano le traerá.

Sin embargo, la industria de la construcción también activa la economía local. Para no frenarla, el gobierno municipal bien podría proponer una tasa diferenciada de ese nuevo impuesto. Una tasa que desincentive la construcción donde no se necesita y la impulse donde más se requiere. Así el crecimiento de la ciudad no será un lastre para sus habitantes.

Un parque limpio de pobres

Ilustración: cortesía de Omar Perea
El Parque del Mariachi amaneció sin pobres. De un día para otro, de la noche a la mañana, las personas en situación de calle desaparecieron. Este fenómeno social —presente en el Centro Histórico durante décadas— terminó el pasado 23 de noviembre, cuando las autoridades municipales decidieron “limpiar” el parque para poder realizar el festejo del día del músico. ¡Cómo no se nos ocurrió antes! Escobas, agua, algo de jabón y adiós pobreza.

Desde su celular la alcaldesa nos transmitió lo orgullosa que estaba de su personal de Limpia (Ver Video). A ellos les decía que, ese día, el parque… “nada que ver con ese hogar de personas en situación de calle…que hasta jeringas llegamos a ver”.  La verdad es que a quien le tiene que agradecer no es al personal Servicios Públicos, sino a la Policía Municipal. Aunque algunos así lo quisieran, las escobas no barren a las personas, los cuerpos policiacos sí. El Parque del Mariachi lucía bonito, limpio, seguramente amaneció oliendo a jabón, a fabuloso y a represión.


Pensemos ¿qué es más importante: un parque o las personas? Si el interés del gobierno municipal fuera su gente, hubiéramos visto una transmisión en vivo NO desde el Parque del Mariachi, sino desde los centros de rehabilitación y los albergues a los que supuestamente enviaron a casi todas las personas en situación de calle que usaban ese lugar. La preocupación no se hubiera centrado en mostrar la limpieza de un área verde sino el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que fueron desplazadas (vaya usted a saber si en contra o con su voluntad). Y ¿Cómo harán los albergues para atender a tanta gente ahora que el gobierno federal disminuyó su apoyo? ¿Será que el gobierno municipal tiene contemplado costear su operación? No creo.


Para el gobierno municipal lo importante es el espacio físico, no su gente. Y eso no lo digo yo, lo dijo en el mismo video un servidor público adscrito al Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACUM): lo que se quiere es “cambiar el perfil de visitantes”. El discurso que se está usando para intervenir el Centro Histórico se plantea desde una perspectiva de apoyo a la economía local pero no hay desarrollo que valga si no se atiende de raíz el sufrimiento de los que menos tienen. 


No es la primera vez que ejecutan este tipo de desplazamientos. Hace unos años, un grupo de profesionistas locales (arquitectos, artistas, entre otros), apoyados del IMACUM de Gustavo Sánchez  y de algunos comerciantes,  cometieron el mismo “error”. En su afán de hacer Algo Por el Centro Histórico y de “crear espacios públicos” intervinieron ese mismo lugar. En ese entonces la policía municipal desplazó del sitio a toda aquella persona que luciera como indigente, como usuario de drogas, o que padeciera alguna enfermedad mental. Se buscaba con ello reservar el parque para el disfrute  de “la gente bien”. 


Es verdad, en el Centro hay muchos signos de pobreza. Pero el gobierno municipal también tiene compromiso con los pobres. El gobierno no sólo se debe a los empresarios de cerveza artesanal o comercial, no sólo se debe a los organizadores de conciertos o al sector restaurantero; el compromiso también es con los que menos tienen. La vulnerabilidad de estos grupos tiene que ser abordada desde una perspectiva humanitaria no como una política de higienismo social.


El reto ahora es pensar en un proyecto urbano sustentable. De no cuidarse los impactos sociales del que pareciera ser el proyecto más importante de esta administración está en riesgo de convertirse también en el proyecto más perverso.

¿Por qué nos conviene que Mexicali no crezca más?


Muchas personas no saben, pero una ciudad dispersa, como la nuestra, le conviene a muy pocos. Cuando digo “ciudad dispersa” estoy refiriéndome al crecimiento desmedido del área urbana sobre el suelo rural o suelo rústico (el que aún no es apto para su habitabilidad). Nos estamos acabando el suelo. Muchos dirán: al cabo que hay mucho, tierra es lo que nos sobra. Pocas personas saben que esa expansión urbana tiene impactos negativos sobre los habitantes, impactos que me parece urgente visibilizar.

Una ciudad dispersa consume tiempo. Contrario a lo que se dice por ahí de que “el tiempo es oro” yo creo que es más adecuado decir: el tiempo es vida. Así pues, la ciudad dispersa nos absorbe vida y cada vez invertimos más tiempo en los desplazamientos, ya sea para ir a trabajar, adquirir mercancía o para visitar a algún familiar o amig@s. Según cifras del Sistema Municipal de Transporte (SIMUTRA) UNA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO TIENE UNA DURACIÓN PROMEDIO DE MÁS DE 170 MINUTOS. Es decir, una ruta inicia y termina su trayecto en ¡¡poco menos de las 3 horas!!

EL RITMO DE EXPANSIÓN DE LACIUDAD ES 4.2 VECES MÁS QUE EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. Es decir, estamos consumiendo más suelo del que realmente necesitamos. Si para el 2025 la población será de más de un millón de habitantes, como se espera, tenemos que empezar a exigir acciones para aprovechar el suelo urbanizado de la ciudad central y apostar por una ciudad más densa y compacta.


No sólo somos una ciudad dispersa, también somos una ciudad porosa. Por alguna razón alguien (o algunos pocos) ha estado facilitando la urbanización de la periferia de la ciudad ignorando los predios sin utilizar que ya tenemos en la ciudad central. EL 19.64% DEL ÁREA URBANA DE MEXICALI CORRESPONDEN A TERRENOS BALDÍOS que de alguna manera tienen cerca la infraestructura urbana requerida sin que para su ocupación se requiera invertir más dinero en su habilitación y que pueden aprovechar desde ya los servicios públicos que se brindan. Una ciudad dispersa le cuesta más al erario público.

¿Quiénes son los ganadores? Usted y yo no. Nosotros solo absorbemos los costos y la contaminación que estos desplazamientos prolongados generan. Hay que voltear a ver al sector inmobiliario, que en busca de maximizar sus ganancias compra suelo “barato” en los límites del área urbanizable; pero también hay que señalar al aparato gubernamental, que ha permitido o ha sido omiso, al no aplicar o no legislar efectivamente contra este fenómeno y de paso, fortalecer la especulación inmobiliaria (incremento de precios apoyado sobre una expectativa de ganancia futura).

Nuestras vidas se vuelven un poco menos soportables días con día. El tráfico nos estresa, nos roba tiempo de descanso y recreación. El transporte se vuelve más caro entonces la ciudad dispersa también afecta a nuestra economía. La salud también se ve implicada, entre más distancia en los desplazamientos mayor dependencia del automóvil y con ello se incrementa la contaminación. No por nada Mexicali es el TERCER MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL QUE MÁS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS LE INVIERTE ALTRATAMIENTO DE ENFERMEDADES relacionadas con la contaminación. En el 2018 nuestra entidad registró un incremento de 135% en las muertes asociadas con este deterioro en la calidad del aire.

Sin duda, ciudades más compactas pero ordenadas, mejoran con mucho nuestra calidad de vida.

Que empiecen los juegos del hambre. Confrontan a taxistas contra los servicios de Uber en Baja California

Fotografía: Congreso del Estado de Baja Calfornia

La actual legislatura quiere ver sangre correr. Parece no importarles que la violencia sea el escenario cotidiano en nuestro país: cárteles en Sinaloa, feminicidios, violencia creciente contra menores de edad, contra migrantes o contra jóvenes. Hace unos días se propuso una reforma que pretendía allanar el camino para desatar enfrentamientos directos entre el gremio de taxistas contra los conductores de transporte privado (a modo de servicio público) que se ofrecen a través de aplicaciones tales como UBER, Didi o Cabify. Aparentemente se buscaba contrapuntear a los trabajadores del volante, usarlos como gallos de pelea, enfrentar a trabajadores contra trabajadores.

La fallida modificación a la constitución local pretendía criminalizar este tipo de servicios de transporte. El dictamen número 8 fue aprobado en la parte donde incorpora como un derecho humano la movilidad urbana segura, además regresa el control total del sistema de transporte dentro del área urbana al gobierno estatal (actualmente a manos de los gobiernos municipales);. Esta parte sí fue plenamente aceptada.

Sin embargo, la propuesta original planteaba la posibilidad de que en las leyes secundarias se estableciera como delito los servicios de transporte a través de plataformas digitales. Aunque no fue ni siquiera votado, quedó como “recomendación
” para el diputado inicialista, que esa parte sea objeto de planteamiento, estudio y análisis en un instrumento diverso pues “la naturaleza jurídica de su construcción gramatical no es de orden constitucional”. Es decir, podrán plantearlo en leyes secundarias (Ley de Transporte o incluso el Código Penal). Aquí el artículo propuesto y denegado:

“Art. 69 (aprobado). - En relación con los delitos del transporte público en sus diferentes modalidades, se seguirán de oficio aquellos cometidos por personas que presten el servicio sin ser permisionarios o concesionarios autorizados, por lo que cualquier persona podrá poner a disposición del Ministerio Público a la persona que sea sorprendida realizando dicha actividad sin las autorizaciones correspondientes.
Por lo que hace al vehículo utilizado en la comisión del ilícito, es decir la prestación de servicio público sin concesión o permiso, será puesto a disposición de la oficina más cercana de la entidad de movilidad con el carácter de asegurado, conjuntamente con los sistemas e instrumentos que fueran utilizados para transportar personas (…)”

Es de una miopía garrafal creer que esta medida resolverá el problema de la prestación de este tipo de servicios.  Se está dejando de lado que, si Uber, Didi y las otras aplicaciones tienen éxito no es sólo porque en la mayoría de los casos brindan mejor servicio que los taxis tradicionales, sino porque la economía del país no ha podido generar las suficientes fuentes de empleo para estas personas que no tienen cabida en la economía formal. También están aquellos que, teniendo algún empleo, éste no genera los suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas.

Suponiendo sin conceder que esta propuesta resuelva como varita mágica la situación de los servicios de transporte público a través de plataformas digitales, surge la pregunta ¿qué harán con esos MILES de choferes que, no sólo se quedarán sin empleo, sino que muchos se verán sujetos a un proceso penal o estarán en prisión?

No sólo es un problema de movilidad, es un problema de pobreza. En otros países de Europa y también en Estados Unidos, los legisladores están debatiendo sobre reconocer los derechos laborales de los conductores de estas plataformas. ¿Cómo explicar que, en México, quieran incrementar sus obligaciones fiscales -aumentarles los impuestos- o de plano, como aquí, en Baja California aprueben su criminalización? Esto sólo puede ser posible porque en nuestro país el empleo es escaso y precario. La proliferación de conductores Uber y Didi no es un problema, sino la consecuencia de una economía débil que no protege al trabajador y donde se pierden miles de empleos mes con mes.

¿A quién se le ocurrió poner a pelear a conductores informales con el gremio taxista? Si la ley, como lo dice el dictamen permite que “cualquiera “ponga a disposición del Ministerio Público a aquellos choferes que presten el servicio sin permiso o concesión ¿no pensaron que esos “cualquiera” puede ser los integrantes del gremio taxista? ¿no les dijeron que ya se han dado trifulcas entre esos dos bandos? ¿Creen que despojarlos de su automóvil e incluso celulares ayudará a generar la paz social que tanto dicen buscar? Evidentemente no, nadie pensó en eso.

Es muy extraña esa reforma. Todos los Ayuntamientos soltaron el poder y el presupuesto que implica manejar los sistemas municipales de transporte, nadie dijo nada sobre la ausencia del ciclista en la priorización de los usuarios de la infraestructura vial, y nadie dijo nada sobre la potencial violencia que puede generar esta reforma. Tampoco nadie ha dicho nada sobre la bonita foto que se exhibe en la página del Congreso del Estado donde posa el diputado Víctor Morán y el gremio de taxistas de la localidad.

De llevarse ese planteamiento a las leyes secundarias entonces sí, que empiecen los juegos del hambre.

P.D. ¿Alguien conoce la Red de Movilidad Urbana de Baja California? Dicen los diputados que es una plataforma electrónica donde se publicó esta iniciativa y en la que incluso se discutió con diversos sectores de la sociedad especialistas e interesados en el tema ¿Será?


Turistificación y regeneración urbana

Foto: cortesía RadaBC
Los del Centro Histórico no son proyectos de regeneración urbana, son proyectos turísticos. Esa fue la aclaración que hace unos días se hizo sobre las intervenciones urbanas anunciadas para esa zona. Fue un importante cambio del discurso (minuto 9:22) que nos puntualiza los objetivos planteados. No se busca una solución urbana integral, son sólo un par de proyectos económicos que serán situados ahí, en el centro tradicional de nuestra ciudad.
La regeneración urbana implica plantear una estrategia que mejore la calidad de vida de la comunidad. No sólo es una intervención al entorno físico urbano, es mucho más que eso pues los cambios que se proponen no se limitan a cuestiones urbanas, sino que se abordan otros ámbitos como el social, económico, y ambiental. Un proyecto de regeneración urbana, además de buscar optimizar los recursos naturales y urbanos existentes lleva como consigna ese concepto llamado Derecho a la Ciudad, donde todos y cada uno de nosotros somos partícipes en la producción del espacio urbano, desde su planeación hasta su apropiación. Nos estamos refiriendo pues a un proyecto integral.

La regeneración urbana también persigue la recuperación económica de un sitio. Aunque su objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y usuarios tradicionales, ya sean propietarios, inquilinos, transeúntes, o trabajadores, este tipo de proyectos le apuesta por buscar que los beneficios económicos se dirijan principalmente a esta misma población.

En un proyecto de regeneración urbana no existen desplazamientos de los usuarios habituales. Ellos son una parte importante del proyecto. Aquí, los habitantes y usuarios son pensados no sólo como beneficiarios sino también como agentes del cambio.

La turistificación es parecida pero no es igual. Los proyectos turísticos se generan principalmente para aprovechar el potencial económico de un territorio. Su objetivo es facilitar que se desarrollen actividades de comercio y servicio que serán demandadas principalmente por población externa que visita ese lugar: por turistas. Un proyecto turístico, si es sustentable, aspirará a tener los menores impactos sociales y ambientales, pero su finalidad principal no será dar solución a esos temas.

Los beneficios económicos de un proyecto turístico no necesariamente son para su población original. Estos son planteados la mayoría de las veces integrando a grupos de inversionistas que con la inyección de capital logran asociarse a este tipo de proyectos y es con ellos con quienes han de repartirse las ganancias, las que siempre buscarán ser maximizadas.

Los proyectos turísticos no protegen a la población ni a los usuarios originales. Pueden incluso provocar su desplazamiento cuando éstos se perciban como factores que obstruyan o dificulten la generación de dividendos. De esta manera, si los usuarios, inquilinos o habitantes originales no se suman a esta dinámica, se buscará desplazarlos. Esto se logra modificando los usos de suelo o aplicando con mayor rigor reglamentos municipales o bandos de policía y gobierno. También es posible deshacerse de comercios y servicios e incluso vivienda que se consideren incompatibles con el proyecto a través de los incrementos de precios del suelo (aumento del precio de las rentas o de los impuestos a la propiedad).

Los proyectos turísticos no necesariamente atienden a las necesidades de la comunidad. Pueden incluso romper con las dinámicas sociales tradicionales de un lugar. Esto pasa cuando la población no es integrada en el diseño de un proyecto turístico, cuando el planteamiento es hecho por una consultoría especializada que, haciendo uso de su conocimiento “profesional” decreta que es bueno y que no es bueno para esa parte de la ciudad, pero deja de lado las necesidades y aspiraciones de sus habitantes y usuarios tradicionales.

Aun no se sabe cómo serán los proyectos del Centro Histórico, sólo queda esperar.