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jueves, 27 de junio de 2019

La falsa antinomia del Reglamento de Tránsito de Ensenada


Hace unos días, la regidora ensenadense Norma Angélica Silva, propuso una reforma legal que resulta ser totalmente anti-ciclista. Anti-ciclista, incoherente, ilegal e incongruente. La iniciativa plantea la reforma del artículo 44 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Ensenada que pretende despojar a los ciclistas del derecho de paso preferente que tienen al momento de hacer uso de los cruceros viales. En las siguientes líneas explico por qué.


ES ANTI-CICLISTA
Anti: Adj. Opuesto o contrario. / Ciclista: Persona que anda o sabe andar en bicicleta.


Los objetivos de esa propuesta los podemos encontrar hasta el final del documento, en la página 9 de un total de 13; en el motivo Quinto de los siete que expuso en su proyecto. La posición que se le dio en el documento por sí misma, dirían los expertos en el análisis del discurso, exhibe la poca importancia que tuvieron al momento de desarrollar la reforma.

Los fines implícitos y explícitos de los que habla el proyecto son cuatro. Primero, trata de prevenir accidentes de tránsito. Segundo, intenta disminuir lesiones o muertes causadas por accidentes viales. Tercero, pretende promover la seguridad vial. El cuarto objetivo es resolver la “dificultad de aplicar el reglamento en cuestión en materia de sanciones por infracciones o incluso en siniestros donde un ciclista se vea involucrado”. 

Al final de cuentas, al quitar el derecho de paso preferente en cruces, la reforma opta por sobreproteger al vehículo, dejando de lado a quienes encontrándose en mayor vulnerabilidad tienen que convivir con éstos en los cruceros.

ES INCOHERENTE
No coherente. Coherencia:  Conexión, relación o unión de unas cosas con otras.

La propuesta surge a partir de supuestos falsos. De ahí su incoherencia, pues la conclusión no guarda relación alguna con las premisas o supuestos que le dieron origen. La falsa conclusión que plantea el proyecto es que el reglamento es tan confuso que está ocasionando accidentes entre ciclistas y vehículos. Afirma equivocadamente que el ciclista está siendo tratado tanto como un peatón como conductor de un vehículo y por ello genera tremendos líos a la hora de compartir las vialidades. De tal manera que la reforma pretende combatir una supuesta antinomia de la ley (1), es decir, dicen que en ese reglamento hay dos normas que se contradicen. Por una parte, aquellas normas que clasifican a la bicicleta como un vehículo y por otras el artículo 44, que lo equipara a un peatón al darle preferencia de paso. Tanto la regidora como sus operadores jurídicos están en un error.


La bicicleta sí es un vehículo. Y no porque sea de tracción humana como equivocadamente lo fundamentan en el proyecto (tracción es empujar o jalar algo) sino porque el artículo 7, el mismo que ella cita, tiene otro inciso que al parecer no leyeron, el b. Ahí se incluye textualmente como vehículos a las motocicletas y bicicletas. Coincidiendo con su argumentación, todo aquel que conduzca una bicicleta por las calles de Ensenada, tiene obligaciones derivadas del reglamento, por ejemplo, deben conocer y obedecer las señales reguladoras de tránsito. Hasta ahí no hay ningún problema.

El inconveniente deriva cuando la proponente y su equipo de asesores fija la controversia. Ésta, según ellos, consiste en que al peatón se le da “una preferencia indiscutible de paso respecto de cualquier vehículo en las vialidades de la ciudad, la cual también se le concede al ciclista, derivado de una reforma a dicho numeral publicado en fecha de 30 de octubre de 2017” (las negritas son propias). Este razonamiento es simplemente ilógico. Según el artículo 44 vigente, peatón y ciclista tienen preferencia de paso ÚNICAMENTE en cruceros y zonas con señalamiento. Es decir, el reglamento define bien que, quien conduce una bicicleta debe respetar el reglamento, pero fija una hipótesis que le da una cierta protección extraordinaria cuando en los cruceros y zonas señaladas le toque convivir con otro tipo de vehículos. Como se puede ver, no existe tal contradicción de normas.

Lo mismo pasa con los peatones. Los que se mueven por sus propios pies también están obligados a respetar el reglamento de tránsito. Es más, el artículo 50 del citado reglamento es un precepto hecho totalmente para ellos y los obliga a cruzar la calle observando ciertas prevenciones. Aún así, el artículo 44 los salvaguarda, al igual que a los ciclistas. Esto es así, porque en la vía pública, ambos son más vulnerables frente a los autos, que no son otra cosa que pesadas estructuras de metal moviéndose con altas velocidades.

ES ILEGAL
Adj. Contrario a la ley.

Esta propuesta además no es legal. De aprobarse se materializará, ahora sí, una antinomia. Esto es debido a que la contradicción de normas se puede presentar no sólo entre preceptos de un mismo texto jurídico, sino entre normas contenidas en reglamentos o leyes de diferente jerarquía. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) obliga a estados y municipios a reconocer y respetar cierta jerarquía vial que establece una preferencia en cuanto a movilidad urbana se refiere y lo hace en el siguiente orden:  personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de transporte particular (art. 73 LGAHOTDU).

Por si fuera poco, esa misma ley declara los principios que debe regir toda regulación y gestión de los Centros de Población. Entre ellos quiero destacar el principio de accesibilidad universal y movilidad (art. 4 fracc. X) que obliga a los Cabildos y a otras autoridades a promover “una efectiva movilidad que privilegie (…) el transporte público, peatonal y no motorizado”. Evidentemente, derogar la preferencia de paso que tiene el ciclista en cruceros es a todas luces una contradicción que de aprobarse, será ilegal y seguramente derivará en impugnaciones que a final de cuentas serán resueltas en los tribunales aplicando la ley de mayor jerarquía.

ES INCONGRUENTE
Incongruencia: falta de congruencia. Congruencia: Conveniencia, coherencia, relación lógica / En Derecho: Conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio.

El fin de la reforma y los medios no guardan congruencia. Si lo que se busca es prevenir y disminuir los accidentes viales y con ello evitar muertes y lesiones, la sobreprotección al automóvil no es la solución, por el contrario. Darle preferencia a ciclista y peatón obliga a los conductores de vehículos motorizados a tomar mayores precauciones sino quieren recibir una resolución administrativa y judicial en su contra en caso de un accidente. Ellos, que conducen pesadas maquinarias de metal, deben ser más cautelosos al manejar. Si el Comité Municipal para la Prevención de Accidentes, artifice de esta propuesta, tiene conocimientos de que los accidentes viales se producen por una confusión o desconocimiento de los derechos del ciclista ¿no sería más conveniente proponer una campaña de promoción de esos mismos derechos?




1. ANTINOMIA. Implica que “dos o más normas regulan simultáneamente el mismo supuesto de hecho, de modo incompatible entre sí, siendo un problema central la selección de la norma aplicable”; Zegarra Vilchez, Juan Carlos en “Aplicación del "principio de especialidad" en las normas tributarias” http://www.ipdt.org/editor/docs/05_Rev43_JCZV.pdf

lunes, 28 de noviembre de 2016

Las buenas intenciones

Foto: Cortesía RadarBC
El pasado 10 de noviembre el diputado local Catalino Zavala Márquez presentó en el pleno del Congreso Estatal una iniciativa de reforma a la Leyde Participación Ciudadana que, aunque con buenas intenciones, será insuficiente para promover una verdadera vida democrática al interior de Baja California. La reforma tiene básicamente dos propuestas.  

La primera es reconocer expresamente que la participación ciudadana es un derecho humano.   Esto es sin duda un avance para la democratización de la vida pública de la entidad pues significa que tendrán que fomentar la participación ciudadana como un valor presente en las decisiones del gobierno.
La segunda propuesta es agregar la audiencia pública como un mecanismo más de participación. Este nuevo instrumento habrá de sumarse a los ya existentes que son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Con este planteamiento, en efecto, se abrirá otro espacio de debate sobre temas de interés público. Sin embargo, ello no garantiza la inclusión de todas las voces, ni tampoco obliga a las autoridades a tomar una determinación basada en las opiniones que los participantes expresen en tales actos. Es un mecanismo pues, muy limitado.

Al proponer estas reformas, Zavala Márquez, dijo que se buscaba la modernización de la Ley de Participación Ciudadana. Pero el problema real no es que la norma sea obsoleta, como el legislador aseguró, sino que ésta es inoperable. La Ley de Participación Ciudadana tiene serias deficiencias que hacen que el ciudadano pase por un proceso burocrático complejo, amplio y confuso. Además quien quiera hacer uso de uno de estos instrumentos de participación tendrá que estar dispuesto a iniciar una contienda contra aquellos servidores públicos acostumbrados a gobernar de manera arbitraria.

Por traer a colación un ejemplo, tenemos el esfuerzo que hace el Frente Estudiantil Mexicalense por implementar un plebiscito en torno al alza de tarifas sobre el pasaje en transporte público. La agrupación ha enfrentado la falta de voluntad política del Ayuntamiento y del Consejo de Participación Ciudadana Municipal que han puesto varias trabas al procedimiento.

Otro intento de plebiscito fue protagonizado por el grupo que promovió un proceso de planeación participativa conocido como “Mexicali Ciudad de Gran Visión". Hace tres años este colectivo propuso realizar un plebiscito para aprobar el Plan Estratégico Municipal el mismo día de las elecciones locales pero la autoridad electoral, después de muchas reuniones con los promotores, se negó a llevarlo a cabo por falta de tiempo.

Es de vital importancia que la Ley de Participación Ciudadana sea operable, o como dicen popularmente: que tenga dientes. Es fundamental que el trámite de cualquier mecanismo de participación no quede sujeto a procesos burocráticos interminables. Además, es preciso que se prevea un presupuesto para la implementación de la ley y que los ayuntamientos actualicen su reglamentación, para que ésta se ajuste y no se oponga  a las reformas que hechas a la citada ley (como es el caso del Reglamento de Participación Ciudadana de Mexicali).


Y como dice el dicho popular: “de buenas intenciones están llenos los panteones”. Si queremos que la democracia no sea letra muerta en Baja California, empecemos por legislar con eficiencia, hacer leyes que sí se puedan aplicar.