Foto: Cortesía RadarBC |
La primera es reconocer expresamente que la participación
ciudadana es un derecho humano. Esto es
sin duda un avance para la democratización de la vida pública de la entidad
pues significa que tendrán que fomentar la participación ciudadana como un
valor presente en las decisiones del gobierno.
La segunda propuesta es agregar la audiencia pública como un
mecanismo más de participación. Este nuevo instrumento habrá de sumarse a los ya
existentes que son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la
consulta popular. Con este planteamiento, en efecto, se abrirá otro espacio de debate
sobre temas de interés público. Sin embargo, ello no garantiza la inclusión de todas
las voces, ni tampoco obliga a las autoridades a tomar una determinación basada
en las opiniones que los participantes expresen en tales actos. Es un mecanismo
pues, muy limitado.
Al proponer estas reformas, Zavala Márquez, dijo que se
buscaba la modernización de la Ley de Participación Ciudadana. Pero el problema
real no es que la norma sea obsoleta, como el legislador aseguró, sino que ésta
es inoperable. La Ley de Participación Ciudadana tiene serias deficiencias que
hacen que el ciudadano pase por un proceso burocrático complejo, amplio y
confuso. Además quien quiera hacer uso de uno de estos instrumentos de
participación tendrá que estar dispuesto a iniciar una contienda contra
aquellos servidores públicos acostumbrados a gobernar de manera arbitraria.
Por traer a colación un ejemplo, tenemos el esfuerzo que
hace el Frente Estudiantil Mexicalense por implementar un plebiscito en torno al alza de tarifas sobre el pasaje en
transporte público. La agrupación ha enfrentado la falta de voluntad política
del Ayuntamiento y del Consejo de Participación Ciudadana Municipal que han
puesto varias trabas al procedimiento.
Otro intento de plebiscito fue protagonizado por el grupo que
promovió un proceso de planeación participativa conocido como “Mexicali Ciudad de Gran Visión".
Hace tres años este colectivo propuso realizar un plebiscito para aprobar el
Plan Estratégico Municipal el mismo día de las elecciones locales pero la autoridad electoral,
después de muchas reuniones con los promotores, se negó a llevarlo a cabo por
falta de tiempo.
Es de vital importancia que la Ley de Participación Ciudadana
sea operable, o como dicen popularmente: que tenga dientes. Es fundamental que el
trámite de cualquier mecanismo de participación no quede sujeto a procesos
burocráticos interminables. Además, es preciso que se prevea un presupuesto
para la implementación de la ley y que los ayuntamientos actualicen su
reglamentación, para que ésta se ajuste y no se oponga a las reformas que hechas a
la citada ley (como es el caso del Reglamento de Participación Ciudadana de
Mexicali).
Y como dice el dicho popular: “de buenas intenciones están
llenos los panteones”. Si queremos que la democracia no sea letra muerta en
Baja California, empecemos por legislar con eficiencia, hacer leyes que sí se
puedan aplicar.
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