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miércoles, 7 de diciembre de 2016

Movilidad urbana y el “interés mayor de la comunidad”

Imagen: cortesía Cristian Torres
Una de las deudas que deja Jaime Díaz con los ciudadanos es el de la movilidad urbana. La forma en que nos desplazamos por la ciudad, aunque repercute directamente en nuestra calidad de vida, no fue un tema relevante para el funcionario saliente.

La esperanza aún no se pierde. El flamante presidente municipal, Gustavo Sánchez, prometió ayer por la noche, en su discurso de toma de protesta “una mejora sustantiva del servicio de transporte en todas sus modalidades”. La forma en que el XXII Ayuntamiento de Mexicali resuelva este importante elemento urbano va a depender mucho de cómo se manejen ciertos grupos y líderes sociales.

De los actores más relevantes en estos temas es el colectivo denominado Mxli BiCi. El grupo está formado por profesionistas de varias disciplinas y es apoyado por cientos de usuarios y simpatizantes. Pocos de los que abanderan actualmente el tema de la movilidad urbana le otorgan a esta modalidad de transporte la importancia que debe tener. Es por eso que el trabajo de Mxli Bici se vuelve tan relevante para la comunidad. El colectivo se moviliza con recursos propios y de sus adherentes y una de sus próximas acciones será el de crear un espacio público desplazable al que denominan “Masa Crítica”. Desde ahí exigirán los derechos de los ciclistas para usar de forma compartida las calles de Mexicali.

Otro personaje involucrado en el tema es Benjamín Garza. Es director de la empresa “Transportes Modernos de Mexicali” (TRAMO) que es beneficiaria de varias concesiones de transporte público en la ciudad. Su estrategia de comunicación actualmente incluye la conducción de dos programas que se transmiten por un canal de televisión local. Desde esos espacios, el empresario transportista aborda distintos temas de interés para la comunidad. Desde la cortinilla de uno de sus dos programas – el que se especializa en temas de movilidad urbana− nos deja ver cuál es su interés: el transporte público de la ciudad.

Otro connotado empresario que ha alzado la voz en este tema es Juan Ignacio GallegoTopete. Es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Mexicali (CANACINTRA) y muchas veces ha aprovechado los espacios que los medios de comunicación le dan para hacer notar que, a Mexicali, le hace falta una reingeniería en las rutas del transporte público. También demanda el aprovechamiento de la inversión hecha en el BRT (Bus rapid transit).

Otras voces se podrían citar en esta columna (Uber, regidores salientes, concesionarios y líderes transportistas). El asunto ahora será saber distinguir entre todas ellas los intereses que están defendiendo, cuáles de ellos son públicos y cuáles son privados o de sector. El reto lo tienen, tanto el nuevo presidente municipal y todos los integrantes del cabildo, así como el nuevo director del Sistema Municipal de Transporte, Luis Alfonso Vizcarra Quiñonez. Este último acaba de señalar ante medios que todos deberán participar ante el reto que implica el nuevo desarrollo de la ciudad, en tanto que Gustavo Sánchez dijo que priorizará el “interés mayor de la comunidad”.

Acá estaremos dándole seguimiento desde este espacio y para recordar que movilidad urbana no solo son placas de taxis y camiones, son paraderos, bicicletas, rutas eficientes, banquetas, todo esto y más.

lunes, 28 de noviembre de 2016

Las buenas intenciones

Foto: Cortesía RadarBC
El pasado 10 de noviembre el diputado local Catalino Zavala Márquez presentó en el pleno del Congreso Estatal una iniciativa de reforma a la Leyde Participación Ciudadana que, aunque con buenas intenciones, será insuficiente para promover una verdadera vida democrática al interior de Baja California. La reforma tiene básicamente dos propuestas.  

La primera es reconocer expresamente que la participación ciudadana es un derecho humano.   Esto es sin duda un avance para la democratización de la vida pública de la entidad pues significa que tendrán que fomentar la participación ciudadana como un valor presente en las decisiones del gobierno.
La segunda propuesta es agregar la audiencia pública como un mecanismo más de participación. Este nuevo instrumento habrá de sumarse a los ya existentes que son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Con este planteamiento, en efecto, se abrirá otro espacio de debate sobre temas de interés público. Sin embargo, ello no garantiza la inclusión de todas las voces, ni tampoco obliga a las autoridades a tomar una determinación basada en las opiniones que los participantes expresen en tales actos. Es un mecanismo pues, muy limitado.

Al proponer estas reformas, Zavala Márquez, dijo que se buscaba la modernización de la Ley de Participación Ciudadana. Pero el problema real no es que la norma sea obsoleta, como el legislador aseguró, sino que ésta es inoperable. La Ley de Participación Ciudadana tiene serias deficiencias que hacen que el ciudadano pase por un proceso burocrático complejo, amplio y confuso. Además quien quiera hacer uso de uno de estos instrumentos de participación tendrá que estar dispuesto a iniciar una contienda contra aquellos servidores públicos acostumbrados a gobernar de manera arbitraria.

Por traer a colación un ejemplo, tenemos el esfuerzo que hace el Frente Estudiantil Mexicalense por implementar un plebiscito en torno al alza de tarifas sobre el pasaje en transporte público. La agrupación ha enfrentado la falta de voluntad política del Ayuntamiento y del Consejo de Participación Ciudadana Municipal que han puesto varias trabas al procedimiento.

Otro intento de plebiscito fue protagonizado por el grupo que promovió un proceso de planeación participativa conocido como “Mexicali Ciudad de Gran Visión". Hace tres años este colectivo propuso realizar un plebiscito para aprobar el Plan Estratégico Municipal el mismo día de las elecciones locales pero la autoridad electoral, después de muchas reuniones con los promotores, se negó a llevarlo a cabo por falta de tiempo.

Es de vital importancia que la Ley de Participación Ciudadana sea operable, o como dicen popularmente: que tenga dientes. Es fundamental que el trámite de cualquier mecanismo de participación no quede sujeto a procesos burocráticos interminables. Además, es preciso que se prevea un presupuesto para la implementación de la ley y que los ayuntamientos actualicen su reglamentación, para que ésta se ajuste y no se oponga  a las reformas que hechas a la citada ley (como es el caso del Reglamento de Participación Ciudadana de Mexicali).


Y como dice el dicho popular: “de buenas intenciones están llenos los panteones”. Si queremos que la democracia no sea letra muerta en Baja California, empecemos por legislar con eficiencia, hacer leyes que sí se puedan aplicar.

lunes, 7 de noviembre de 2016

La puerta cerrada del congreso estatal

Foto: RadarBC
El Congreso del Estado no es un edificio. El Congreso del Estado es el nombre que recibe la asamblea en la que participan los “representantes del pueblo” que en conjunto integran el Poder Legislativo de Baja California. El inmueble que ocupan ahora es entonces el marco físico que facilita el trabajo que estos servidores públicos deben desempeñar. Por sentido común, se esperaría que en este lugar se discutieran los temas de relevancia para la entidad ante ojos y oídos de los  bajacalifornianos, que fuera un espacio público que dé cabida a todo tipo de ideas e interpelaciones. No deberían entonces cerrarse las puertas a quienes no van únicamente a aplaudir.

Actualmente el salón de sesiones se asemeja más a un lugar para la meditación. Como fue señalado en la columna de opinión “Voz en off” dela semana pasada, ahí pareciera que todos están de acuerdo. No hay suficientes cuestionamientos de oposición, ni siquiera porque en estos días están compareciendo los titulares de las dependencias estatales para exponer sus respectivas glosas del informe. Lo que sí hay es una sospechosa calma. Una comunión entre el ejecutivo y legislativo que da a entender que todo marcha bien en Baja California.

Una puerta rota nos recordó que no es así. El miércoles 2 de noviembre, se negó la entrada al edificio a un grupo de maestros que notoriamente iba a manifestarse contra uno de los comparecientes. La orden fue cerrarle las puertas, negar no sólo su participación sino su ingreso a este sitio que debería ser un foro de discusión por excelencia de la vida pública de la entidad. El pretexto fue que la sala ya estaba ocupada a su máxima capacidad.

Y sí, efectivamente el salón estaba lleno… Pero estaba lleno de subordinados de las mismas dependencias comparecientes. Según lo que me contó un trabajador del Sistema Educativo Estatal y por lo que han denunciado los profesores “liberados” por lo menos dos secretarios usaron esa táctica para que no se escucharan las voces de la oposición.  El Poder Legislativo hizo el trabajo de comparsa, por ingenuidad o en complicidad, y dio la orden de no dejar entrar a este grupo del sector magisterial.

El resultado fue una puerta rota (o dos). Esto sucede cuando no se enfrentan los problemas y se pretende hacer que “no pasa nada”. Detrás de toda violencia siempre hay un conflicto irresuelto y detrás de cada conflicto hay partes involucradas que sienten vulnerados sus intereses.  La defensa de los finiquitos y jubilaciones de estos profesores evidentemente es una necesidad legítima y lejos de cerrar puertas se debe abrir el dialogo y este diálogo deber servir para acordar en cómo y cuando se cubrirán las deudas que el gobierno tiene con este sector.

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sábado, 20 de agosto de 2016

Denuncia Popular, una alianza entre el ciudadano y el gobierno

Hace unas semanas, a partir de una denuncia ciudadana, el equipo que integra RadarBC publicó que habían desechado, indebidamente, cientos o miles de medicamentos caducos en el entorno de la Laguna México. Esto expuso dos situaciones, una relativa a la ilegalidad en la que alguna empresa o dependencia incurría al deshacerse de las medicinas en forma indebida; y otra de una posible práctica irregular de las instituciones de salud al no distribuir eficientemente el medicamento entre sus afiliados y dejarlos llegar a la obsolescencia: en suma, un desperdicio de recurso.

Afortunadamente, los medios masivos de comunicación siempre han canalizado estas denuncias, algunos más que otros. Las quejas llegan principalmente a los reporteros y a los directivos de los medios de comunicación quienes inician una investigación y la publican, cuando consideran el hecho interesante.

También las redes sociales son un nuevo instrumento de participación ciudadana al alcance de todos. Muros personales o grupos públicos, principalmente de Facebook,  son los nuevos espacios virtuales que frecuentemente se usan para exponer quejas y denuncias y que los exhibe ante ojos y oídos de la población. Y ahí nadie se salva, se publica de todo, quejas contra funcionarios gubernamentales, contra el sector  privado y sus empleados (Aerolíneas por ejemplo), o contra las malas acciones de ciudadanos en particular.

Pero esta herramienta no es perfecta, tiene muchas desventajas. Por ejemplo, con una denuncia en las redes, no se puede asegurar que las autoridades le den el seguimiento adecuado, como el caso de los medicamentos, que hasta la fecha no se sabe que ha pasado con la supuesta investigación que se iba a realizar.  Pero este medio, es casi lo único que tenemos como ciudadanos, al no existir una vía popular, eficiente, confiable y amigable para denunciar hechos que constituyan delitos o faltas administrativas.

En México y en otros muchos países existe un instrumento de participación ciudadana que ha sido poco atendido pero que podría canalizar muchas de las inquietudes de la población y que además podría volver más eficiente y eficaz la actividad de la administración pública en todos sus niveles: municipal, estatal y federal. Me refiero a la denuncia popular.

La denuncia popular es un instrumento de participación que permite acudir ante diferentes instancias a denunciar algún hecho que constituya una infracción de alguna norma o bien, que se considere un delito, incluso en los casos que el denunciante no sea el afectado directamente. Las leyes ambientales y de imagen urbana son las que con mayor frecuencia integran esta figura en su cuerpo normativo.

En Baja California, por ejemplo, podemos denunciar ante las autoridades ambientales, cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente (Art.167 de la Ley de Protección al Ambiente de Baja California). No obstante este procedimiento también resulta imperfecto pues requiere de presentar la queja por escrito y no establece la obligación de la autoridad de notificar al quejoso los avances de la investigación.


Es necesario, urgente diría yo, rediseñar la figura de la denuncia popular y dotarla de las mejores virtudes que tienen las redes sociales usadas para este fin. Su reconfiguración le daría muchas ventajas a la administración pública entre ellas hay
que considerar que haría más eficiente el gasto porque seremos nosotros, los ciudadanos sus ojos y sus oídos en todo el municipio y en toda la entidad (sin costo para el erario público, además).  Muchos de nosotros, los que habitamos este país  donde nunca pasa nada, donde la impunidad es la regla, podríamos empezar a confiar nuevamente en las autoridades.