La puerta cerrada del congreso estatal

Foto: RadarBC

El Congreso del Estado no es un edificio. El Congreso del Estado es el nombre que recibe la asamblea en la que participan los “representantes del pueblo” que en conjunto integran el Poder Legislativo de Baja California. El inmueble que ocupan ahora es entonces el marco físico que facilita el trabajo que estos servidores públicos deben desempeñar. Por sentido común, se esperaría que en este lugar se discutieran los temas de relevancia para la entidad ante ojos y oídos de los  bajacalifornianos, que fuera un espacio público que dé cabida a todo tipo de ideas e interpelaciones. No deberían entonces cerrarse las puertas a quienes no van únicamente a aplaudir.

Actualmente el salón de sesiones se asemeja más a un lugar para la meditación. Como fue señalado en la columna de opinión “Voz en off” dela semana pasada, ahí pareciera que todos están de acuerdo. No hay suficientes cuestionamientos de oposición, ni siquiera porque en estos días están compareciendo los titulares de las dependencias estatales para exponer sus respectivas glosas del informe. Lo que sí hay es una sospechosa calma. Una comunión entre el ejecutivo y legislativo que da a entender que todo marcha bien en Baja California.

Una puerta rota nos recordó que no es así. El miércoles 2 de noviembre, se negó la entrada al edificio a un grupo de maestros que notoriamente iba a manifestarse contra uno de los comparecientes. La orden fue cerrarle las puertas, negar no sólo su participación sino su ingreso a este sitio que debería ser un foro de discusión por excelencia de la vida pública de la entidad. El pretexto fue que la sala ya estaba ocupada a su máxima capacidad.

Y sí, efectivamente el salón estaba lleno… Pero estaba lleno de subordinados de las mismas dependencias comparecientes. Según lo que me contó un trabajador del Sistema Educativo Estatal y por lo que han denunciado los profesores “liberados” por lo menos dos secretarios usaron esa táctica para que no se escucharan las voces de la oposición.  El Poder Legislativo hizo el trabajo de comparsa, por ingenuidad o en complicidad, y dio la orden de no dejar entrar a este grupo del sector magisterial.

El resultado fue una puerta rota (o dos). Esto sucede cuando no se enfrentan los problemas y se pretende hacer que “no pasa nada”. Detrás de toda violencia siempre hay un conflicto irresuelto y detrás de cada conflicto hay partes involucradas que sienten vulnerados sus intereses.  La defensa de los finiquitos y jubilaciones de estos profesores evidentemente es una necesidad legítima y lejos de cerrar puertas se debe abrir el dialogo y este diálogo deber servir para acordar en cómo y cuando se cubrirán las deudas que el gobierno tiene con este sector.

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