Foto: Pixabay |
El pasado 5 de noviembre, un niño perdió la vida en el
parque “Yoreme”, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora. Luis Antonio, con
apenas 12 años de edad, jugaba con otros niños cuando un columpio literalmente le cayóencima. Según informan los medios locales, la estructura metálica
estaba mal instalada o en muy malas condiciones (oxidada).
Familiares de la víctima y vecinos del lugar reclaman ahora a las autoridades que asuman su responsabilidad pues este hecho claramente no fue un
accidente, como lo pretende hacer ver el alcalde y el hermano de éste, quien
funge como director del departamento de Parques y Jardines. Esta tragedia es
una negligencia de la autoridad municipal quien es responsable de la operación
de todos los parques urbanos públicos de San Luis.
Parece mentira que un lugar tan inocente como un parque, que
debería ser un sitio “indispensable para el desarrollo de la comunidad” (según
documentos de Sedesol) e importante por su contribución al bienestar físico y
mental de la población, sea en realidad un espacio de riesgo donde se pone en
juego la salud y la vida propia así como la de nuestros seres queridos.
Al igual que en San Luis R.C., en Mexicali, el Ayuntamiento
a través de la Dirección de Servicios Públicos se encarga de parques, jardines
y su equipamiento. Es esta área la responsable del mantenimiento y conservación
de las casi 373 parques de la ciudad. Además, la Unidad Municipal de Protección
Civil con auxilio de la Dirección Estatal de Protección Civil, son las
responsables del control y vigilancia de los parques localizados en el
municipio. Son ellos quienes deben verificar que las instalaciones no pongan en
riesgo la integridad de sus usuarios.
Por otra parte, la legislación tampoco favorece a quienes
hacen uso de los parques. Tenemos un Reglamento de Fraccionamientos obsoleto,
anacrónico que debió desparecer por ley hace alrededor de 22 años. Esta norma tendría
que obligar a los fraccionadores a entregar los parques de barrio con ciertas
características. Pero como el ejecutivo estatal nunca publicó un nuevo
reglamento, la aprobación del proyecto de fraccionamiento sólo obliga a donar
cierto porcentaje de terreno para ser destinado a ese uso, sin que se especifiquen
cómo deberán ser construidas estas instalaciones.
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