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martes, 24 de marzo de 2020

Turistificación y regeneración urbana

Foto: cortesía RadaBC
Los del Centro Histórico no son proyectos de regeneración urbana, son proyectos turísticos. Esa fue la aclaración que hace unos días se hizo sobre las intervenciones urbanas anunciadas para esa zona. Fue un importante cambio del discurso (minuto 9:22) que nos puntualiza los objetivos planteados. No se busca una solución urbana integral, son sólo un par de proyectos económicos que serán situados ahí, en el centro tradicional de nuestra ciudad.
La regeneración urbana implica plantear una estrategia que mejore la calidad de vida de la comunidad. No sólo es una intervención al entorno físico urbano, es mucho más que eso pues los cambios que se proponen no se limitan a cuestiones urbanas, sino que se abordan otros ámbitos como el social, económico, y ambiental. Un proyecto de regeneración urbana, además de buscar optimizar los recursos naturales y urbanos existentes lleva como consigna ese concepto llamado Derecho a la Ciudad, donde todos y cada uno de nosotros somos partícipes en la producción del espacio urbano, desde su planeación hasta su apropiación. Nos estamos refiriendo pues a un proyecto integral.

La regeneración urbana también persigue la recuperación económica de un sitio. Aunque su objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y usuarios tradicionales, ya sean propietarios, inquilinos, transeúntes, o trabajadores, este tipo de proyectos le apuesta por buscar que los beneficios económicos se dirijan principalmente a esta misma población.

En un proyecto de regeneración urbana no existen desplazamientos de los usuarios habituales. Ellos son una parte importante del proyecto. Aquí, los habitantes y usuarios son pensados no sólo como beneficiarios sino también como agentes del cambio.

La turistificación es parecida pero no es igual. Los proyectos turísticos se generan principalmente para aprovechar el potencial económico de un territorio. Su objetivo es facilitar que se desarrollen actividades de comercio y servicio que serán demandadas principalmente por población externa que visita ese lugar: por turistas. Un proyecto turístico, si es sustentable, aspirará a tener los menores impactos sociales y ambientales, pero su finalidad principal no será dar solución a esos temas.

Los beneficios económicos de un proyecto turístico no necesariamente son para su población original. Estos son planteados la mayoría de las veces integrando a grupos de inversionistas que con la inyección de capital logran asociarse a este tipo de proyectos y es con ellos con quienes han de repartirse las ganancias, las que siempre buscarán ser maximizadas.

Los proyectos turísticos no protegen a la población ni a los usuarios originales. Pueden incluso provocar su desplazamiento cuando éstos se perciban como factores que obstruyan o dificulten la generación de dividendos. De esta manera, si los usuarios, inquilinos o habitantes originales no se suman a esta dinámica, se buscará desplazarlos. Esto se logra modificando los usos de suelo o aplicando con mayor rigor reglamentos municipales o bandos de policía y gobierno. También es posible deshacerse de comercios y servicios e incluso vivienda que se consideren incompatibles con el proyecto a través de los incrementos de precios del suelo (aumento del precio de las rentas o de los impuestos a la propiedad).

Los proyectos turísticos no necesariamente atienden a las necesidades de la comunidad. Pueden incluso romper con las dinámicas sociales tradicionales de un lugar. Esto pasa cuando la población no es integrada en el diseño de un proyecto turístico, cuando el planteamiento es hecho por una consultoría especializada que, haciendo uso de su conocimiento “profesional” decreta que es bueno y que no es bueno para esa parte de la ciudad, pero deja de lado las necesidades y aspiraciones de sus habitantes y usuarios tradicionales.

Aun no se sabe cómo serán los proyectos del Centro Histórico, sólo queda esperar.

jueves, 25 de julio de 2019

¿Regeneración o Gentrificación del Centro Histórico de Mexicali?


Fotografía: Flor Mora
Ya está sacando el cobre Jaime Bonilla. Lo que no dijo antes durante la campaña electoral está haciéndolo público hoy, cuando ya no hay para donde hacerse. En un boletín de prensa, el gobernador electo llamó “vagos y viciosos” a los usuarios del Centro Histórico de Mexicali. A los que menos peor les fue, fue a quienes nombró como “personas con alguna enfermedad psiquiátrica” (sic). Qué desatino, qué ignorancia y qué insensibilidad.

Con esto se perfila lo que será el mentado Programa de Regeneración del Centro Histórico de Mexicali. En dicho plan, seguramente se querrá limpiar la zona de migrantes, personas en situación de calle, enfermos mentales y usuarios de alguna droga. En el argot urbanístico se le conoce como gentrificación.

La gentrificación es una reapropiación de sectores urbanos relativamente marginados o en declive, que implica el aumento de precio de la propiedad raíz aumentando también los costos de renta en la zona.  Este fenómeno transforma el espacio de una determinada área urbana y trae como consecuencia el desplazamiento de su población habitual, que por lo regular es de bajos ingresos. Es decir, es una auténtica limpieza social de residentes y sus tradiciones impactando además las dinámicas de comercio.

Se nota que el futuro gobernante ignora la realidad de nuestra ciudad y de nuestro país. Lo que para Bonilla es una mera vagancia, son en realidad miles de migrantes que han padecido los tratos más tortuosos en la ruta migratoria México-Estados Unidos; o que han sido deportados por el país vecino. También afecta a las personas en situación de calle, que, por carecer de una vivienda digna, usan los espacios públicos para descansar y para obtener algún ingreso desde el sector informal. Me parece que Bonilla no sabe que tan sólo en junio de este año se perdieron en México más de 14 mil empleos formales.

El futuro gobernador llama viciosos a lo que en realidad es un problema de salud pública. Seguramente no conoce que Baja California es la tercera entidad del país con los porcentajesmás altos de prevalencia de consumo de estas sustancias rebasada sólo por Jalisco y Quintana Roo. Quizá ignora que su responsabilidad, una vez que asuma el cargo público para el que fue electo, será también la de atender este importante fenómeno social y deberá hacerlo en apego a los derechos humanos.

Boletín oficial del gobernador electo de
Baja California, Jaime Bonilla
Los enfermos mentales fueron señalados indirectamente como problemáticos en el boletín de Jaime Bonilla. No estoy muy segura que su proyecto de regeneración tenga contemplado atender a esta población como se debe. Según datos de la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión en 2018 el 17% de lapoblación en México presentaba por lo menos un trastorno mental y el 25% lo padecerá alguna vez. La mayoría de ellos no tienen acceso a un tratamiento formal y su esperanza de vida se reduce de 20 a 25 años. El compromiso del futuro gobernador también debe de ser con ellos.

La limpieza social que implícitamente adelanta en ese boletín tiene como objetivo beneficiar a unos cuantos. Ya algunos comerciantes locales, empresarios del sector inmobiliario y consultores turísticos se empiezan a frotar las manos por los proyectos que vendrán a darles mayores plusvalías a sus propiedades; y más de uno por ahí está acariciando la futura intervención como un medio para elevar su “estatus social”. Como buitres buscarán beneficiarse, aunque esto sea a costa de nuestros impuestos y lo que es peor, demeritando la de por sí baja calidad de vida de los más vulnerables. No faltará aquel que proponga reubicar los albergues de migrantes y prohibir las donaciones de agua, alimento y vestido en el espacio público. Espero que no los escuchen.

Pero quizá el más beneficiado con la futura gentrificación sea Kiko Vega. El todavía gobernador de Baja California ha impulsado por lo menos desde el año 2015 el famoso China Town. No dudo que este renovado ímpetu por “regenerar” la Zona Centro sea únicamente el pretexto para darle un bonito marco urbano a ese proyecto que se ubicará entre el Centro Histórico y Pueblo Nuevo. Al China Town se le invertirán por lo menos120 millones de dólares y tiene considerado integrar por lo menos 3,500 metros cuadrados para hoteles y 1000 metros cuadrados para un casino. Entre la adicción a las drogas y la adicción al juego (ludopatía), nuestros políticos prefieren ésta última, pues es la que les deja mayores ganancias y se ve más “nice”.

Quiero dejarlo muy claro: regeneración urbana que excluye o que segrega no es regeneración es gentrificación. Todo proyecto que pretenda renovar un área urbana deberá integrar a su población habitual y a toda costa evitará estigmatizarla.

No quisiera omitir en esta columna el hacer un llamado a todos aquellos estudiosos y activistas en temas de salud mental, pobreza y marginación social, adicciones, derechos humanos, migración, urbanistas con sentido de justicia social, a los cuerpos académicos de las universidades públicas y privadas, a los colegios de profesionistas y a todos aquellos que deseen transformar NUESTRO CENTRO HISTÓRICO, pero con la condición de respetar los derechos de los otros a que se dirijan al futuro gobernador y la presidenta municipal y le hagan ver el error en el que pueden caer. Que sepan que, si invierten nuestros impuestos en esa pretendida zona turística, también dedique un presupuesto igual de relevante para resolver, de la mejor manera, los problemas sociales que afectan a esa zona de la ciudad.

viernes, 1 de marzo de 2019

Cobrar impuestos a Airbnb ¿Es bueno o malo?

Pocos se enteraron de que el gobierno federal cobrará impuestos sobre hospedaje a Airbnb. La Estrategia Nacional de Turismo que presentó el domingo pasado Miguel Torruco Marqués, secretario del sector, incluye la aplicación de este instrumento fiscal como una medida para “evitar, la extra oferta hotelera” que, según el servidor público, es “una parte negativa y que compite de forma desleal con la hotelería del país”. La med
ida no descubre el hilo negro: la regulación de este tipo de servicios es una tendencia mundial.

Como algunos saben, Airbnb forma parte de la llamada economía colaborativa. Este nuevo modelo de negocios se caracteriza por conectar a las personas que ofrecen un producto o servicio con el usuario que lo necesita a través de una plataforma de internet. Los dueños de estas plataformas son intermediarios de las transacciones y se quedan con una comisión sobre las ganancias de cada operación realizada.

El éxito de Airbnb probablemente sea consecuencia de las mismas fallas del sector hotelero formal. Si usted pregunta a sus amigos y conocidos, como yo lo hice, sabrá el porqué de su éxito. Entre otras cosas, los usuarios afirman estar ahorrando dinero y se sienten satisfechos con el servicio recibido. Además la plataforma ofrece espacios disponibles en distintos sitios del mundo, cuentan con varias opciones de pago y tienen una baja tasa de conflictos entre huésped y anfitriones. Otra característica que me llamó mucho la atención fue que, varios de mis informantes, afirmaban que usaban Airbnb porque los hacían sentir como en su propia casa, les gustaba la originalidad de los diseños de esos espacios, así como su lujo, ubicación y comodidad.

Dicen los capitalistas que el mercado se regula solo y pues, en este caso parece ser que sí. La economía informal colaborativa se está comiendo a la economía formal, a la distribución de bienes y servicios tal y como la conocemos. ¿Es esto es malo? No necesariamente, pero la falta de regulación sí es altamente negativa para el desarrollo regional.

Es muy sencillo de comprender. De nuestros impuestos, incluyendo el que paga el sector hotelero, se mantiene la infraestructura, equipamiento, espacios públicos naturales y construidos de los destinos turísticos. El Estado proporciona los servicios públicos necesarios para hacer una comunidad habitable y atractiva, ya sea que se use para vivir o para visitar. Nada de eso es gratuito y todo sale de nuestros bolsillos. Por eso es imprescindible que se obligue a empresas como Airbnb a ser corresponsables del desarrollo económico, urbano, ambiental y social de una región, y que no se limiten a estirar la mano para recibir ganancias.

Además de esto, las economías colaborativas, están desde hace tiempo en la mirilla de la crítica internacional. Estas empresas han sido acusadas de evadir el pago de contribuciones fiscales, además no se hacen responsables de las obligaciones laborales que puedan generar, ni han sido capaces, en muchos de los casos, de garantizar un buen producto o servicio al cliente (quizá esto sea más claro con Uber), sin contar que no tienen las autorizaciones administrativas necesarias para ofrecer legalmente el bien o servicio.

Por eso, aunque la medida del secretario de turismo es positiva, lo que me parece que está mal planteado es la intención de la regulación. Fue planteada como una medida de proteccionismo, no es otra cosa que el capital pidiéndole a gritos al Estado que lo resguarde, algo que, según los defensores a ultranza del capitalismo, no debería de pasar.

El Gobierno Federal no debería entonces favorecer únicamente a los intereses empresariales. La medida tendría que acompañarse por otras que permitan compensar el deterioro ambiental y urbano que genera el turismo, llevar el desarrollo social a esos sitios, capacitar a los que de hecho ya desarrollan actividades en ese sector y, sobre todo, proteger a quiénes están más vulnerables dentro de ese modelo económico alternativo.

Debe facilitar la permanencia de este modelo económico alternativo, sí, pero ejerciendo ciertos controles. Debe procurar que se cumplan requisitos mínimos de operación sin obstaculizar su permanencia en la tercera actividad más redituable de le economía mexicana.

Y ya que hablamos de turismo, en la misma presentación se dijo que en menos de dos semanas se pondrá la primera piedra de lo que será el Chinatown en Mexicali. No se mencionó nada sobre San Felipe, y eso es preocupante dadas las condiciones sociales y económicas de ese puerto. El impulso económico de ese sitio sí que es relevante para el desarrollo social de la región.