¿Es justo el nuevo impuesto a la construcción?

La planeación urbana debe ir siempre de la mano de política fiscal.  El desarrollo urbano no sólo se trata de construir mucho. Cada nueva edificación o ampliación significa una nueva actividad o una intensificación de las actividades que ya se venían dando. Con ello, el gobierno municipal debe brindar servicios y adecuar la infraestructura a una realidad distinta. Eso evidentemente tiene un impacto en el erario público.

El día de hoy, la administración municipal propondrá al Congreso Estatal la creación de un nuevo impuesto que gravará a las nuevas construcciones. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el regidor panista Héctor Ibarra informaron a la opinión pública su postura en contra de la creación de este nuevo tributo que, dicen, impactará negativamente a los bolsillos de los compradores de vivienda media, edificaciones comerciales, turísticas e industriales. Es lógico pensar que tienen razón, la industria de la construcción es un negocio y en ese sentido buscará maximizar ganancias y por obvias razones no absorberá costos adicionales por su actividad.

Dicen los que saben, que para aumentar o crear nuevos impuestos es necesario evaluar las condiciones administrativas, económicas y políticas del momento. Dejando de lado las reservas de Ibarra Calvo sobre la supuesta incierta redacción, y olvidándonos un momento si la nueva administración será capaz de incrementar su capacidad recaudatoria, quisiera invitar a reflexionar sobre la conveniencia del pretendido impuesto en el contexto de la política urbana.

Es muy conocido por todos que Mexicali es una ciudad porosa. La expansión del área urbana ha salido bastante del control. No sólo tenemos desarrollos urbanos en las periferias, muchos de éstos, sobre todo los habitacionales se asemejan a zonas de desastre: abunda la vivienda abandonada o incluso es posible ver a diestra y siniestra conjuntos que nunca fueron habitados. En esa burbuja inmobiliaria perdimos todos: los trabajadores sus ahorros, el gobierno el subsidio a la vivienda social, y la ciudad, el costo de llevar infraestructura y servicios a esas zonas casi abandonadas. Ni hablar de la fiebre de centros comerciales y enormes edificios que aun siguen sin ser ocupados, sobre todo por el área conocida como “zona dorada”.

Los que pierden poco o nada son precisamente los desarrolladores. Una vez cerrado el negocio ellos se desentienden del problema, guardan las ganancias en sus bolsillos y van en busca del siguiente cliente. En ese sentido me parece muy justo que el gobierno municipal busque recaudar más con esa actividad. De alguna manera debe financiar las nuevas obligaciones que el desarrollo urbano le traerá.

Sin embargo, la industria de la construcción también activa la economía local. Para no frenarla, el gobierno municipal bien podría proponer una tasa diferenciada de ese nuevo impuesto. Una tasa que desincentive la construcción donde no se necesita y la impulse donde más se requiere. Así el crecimiento de la ciudad no será un lastre para sus habitantes.