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| Fotografía: Congreso del Estado de Baja Calfornia |
La actual legislatura quiere
ver sangre correr. Parece no importarles que la violencia sea el escenario
cotidiano en nuestro país: cárteles en Sinaloa, feminicidios, violencia
creciente contra menores de edad, contra migrantes o contra jóvenes. Hace unos
días se propuso una reforma que pretendía allanar el camino para desatar
enfrentamientos directos entre el gremio de taxistas contra los conductores de
transporte privado (a modo de servicio público) que se ofrecen a través de
aplicaciones tales como UBER, Didi o Cabify. Aparentemente se buscaba contrapuntear
a los trabajadores del volante, usarlos como gallos de pelea, enfrentar a
trabajadores contra trabajadores.
La fallida modificación a la
constitución local pretendía criminalizar este tipo de servicios de transporte.
El dictamen número 8
fue aprobado en la parte donde incorpora como un derecho humano la movilidad
urbana segura, además regresa el control total del sistema de transporte dentro
del área urbana al gobierno estatal (actualmente a manos de los gobiernos
municipales);. Esta parte sí fue plenamente aceptada.
Sin embargo, la propuesta
original planteaba la posibilidad de que en las leyes secundarias se estableciera
como delito los servicios de transporte a través de plataformas digitales.
Aunque no fue ni siquiera votado, quedó como “recomendación
” para el diputado
inicialista, que esa parte sea objeto de planteamiento, estudio y análisis en un
instrumento diverso pues “la naturaleza jurídica de su construcción gramatical
no es de orden constitucional”. Es decir, podrán plantearlo en leyes
secundarias (Ley de Transporte o incluso el Código Penal). Aquí el artículo
propuesto y denegado:
“Art. 69 (aprobado). - En relación
con los delitos del transporte público en sus diferentes modalidades, se
seguirán de oficio aquellos cometidos por personas que presten el servicio sin
ser permisionarios o concesionarios autorizados, por lo que cualquier
persona podrá poner a disposición del Ministerio Público a la persona que sea
sorprendida realizando dicha actividad sin las autorizaciones correspondientes.
Por lo que hace al vehículo utilizado
en la comisión del ilícito, es decir la prestación de servicio público sin
concesión o permiso, será puesto a disposición de la oficina más cercana de la
entidad de movilidad con el carácter de asegurado, conjuntamente con los
sistemas e instrumentos que fueran utilizados para transportar personas (…)”
Es de una miopía garrafal creer
que esta medida resolverá el problema de la prestación de este tipo de
servicios. Se está dejando de lado que,
si Uber, Didi y las otras aplicaciones tienen éxito no es sólo porque en la
mayoría de los casos brindan mejor servicio que los taxis tradicionales, sino
porque la economía del país no ha podido generar las suficientes fuentes de
empleo para estas personas que no tienen cabida en la economía formal. También
están aquellos que, teniendo algún empleo, éste no genera los suficientes
ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas.
Suponiendo sin conceder que esta
propuesta resuelva como varita mágica la situación de los servicios de
transporte público a través de plataformas digitales, surge la pregunta ¿qué
harán con esos MILES de choferes que, no sólo se quedarán sin empleo, sino que
muchos se verán sujetos a un proceso penal o estarán en prisión?
No sólo es un problema de
movilidad, es un problema de pobreza. En otros países de Europa y también en
Estados Unidos, los legisladores están debatiendo sobre reconocer los derechos
laborales de los conductores de estas plataformas. ¿Cómo explicar que, en
México, quieran incrementar sus obligaciones fiscales -aumentarles los
impuestos- o de plano, como aquí, en Baja California aprueben su
criminalización? Esto sólo puede ser posible porque en nuestro país el empleo
es escaso y precario. La proliferación de conductores Uber y Didi no es un
problema, sino la consecuencia de una economía débil que no protege al
trabajador y donde se pierden miles de empleos mes con mes.
¿A quién se le ocurrió poner a
pelear a conductores informales con el gremio taxista? Si la ley, como lo dice
el dictamen permite que “cualquiera “ponga a disposición del Ministerio Público
a aquellos choferes que presten el servicio sin permiso o concesión ¿no
pensaron que esos “cualquiera” puede ser los integrantes del gremio taxista?
¿no les dijeron que ya se han dado trifulcas entre esos dos bandos? ¿Creen que
despojarlos de su automóvil e incluso celulares ayudará a generar la paz social
que tanto dicen buscar? Evidentemente no, nadie pensó en eso.
Es muy extraña esa reforma. Todos
los Ayuntamientos soltaron el poder y el presupuesto que implica manejar los
sistemas municipales de transporte, nadie dijo nada sobre la ausencia del
ciclista en la priorización de los usuarios de la infraestructura vial, y nadie
dijo nada sobre la potencial violencia que puede generar esta reforma. Tampoco
nadie ha dicho nada sobre la bonita foto que se exhibe en la página del
Congreso del Estado donde posa el diputado Víctor Morán y el gremio de taxistas
de la localidad.
De llevarse ese planteamiento a
las leyes secundarias entonces sí, que empiecen los juegos del hambre.
P.D. ¿Alguien conoce la Red de
Movilidad Urbana de Baja California? Dicen los diputados que es una plataforma
electrónica donde se publicó esta iniciativa y en la que incluso se discutió
con diversos sectores de la sociedad especialistas e interesados en el tema
¿Será?
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