jueves, 9 de abril de 2020

Oportuncrisis, el cliente que EUA perdió

En las crisis es común que surjan oportunidades que en otros tiempos no se habrían presentado. Oportuncrisis fue la palabra que inventó Homero Simpson para referirse a este fenómeno luego de que Lisa, su hija, le contara que en China el término crisis significa al mismo tiempo oportunidad. La palabra en chino no significa necesariamente ambas cosas, como dijo Lisa, al parecer esta confusión fue difundida por cursos de motivación y superación personal. Sin embargo, lo que sí es verdad es que estamos siendo testigos de cambios y oportunidades que China, está aprovechando muy bien.

Por ejemplo, el domingo pasado el presidente de los EUA amenazó con obligar a la empresa 3M a priorizar la venta de cubrebocas a la demanda de ese país. La firma intentó defenderse argumentando que existen implicaciones humanitarias para no cortar el suministro de ese material a Canadá y América Latina. Hace 3 días se supo que no fue necesario obligar a la empresa y esta se comprometió a proveerles, de manera prioritaria, más de 165 millones de mascarillas.

El canciller mexicano hoy nos dio cuenta del segundo cargamento de suministros médicos que están llegando al país desde China. Se tuvo que evaluar el estándar de calidad respecto al uso de los cubrebocas que esa nación ofrecía y compararla con la calidad con la que se venía trabajando en México ya que normalmente aquí se usan productos 3M. El producto chino fue aprobado por la COFEPRIS.

La actitud de Trump juega en contra de sus propias empresas. Ahora México no sólo piensa en comerciar cubre bocas, sino que ya se abrió un puente comercial entre las dos naciones para facilitar el transporte de otros insumos médicos desde aquel país. El incremento de la demanda de este tipo de productos generó una oportunidad enorme de ventas para quiénes los elaboran y distribuyen, pero la personalidad de Trump puso a México en bandeja de plata como cliente nuevo de China. Ya con el puente tendido, quién sabe qué otras cosas nuevas surjan.


martes, 24 de marzo de 2020

¿Con casino o sin casino?

Imagen: pixabay.com
Mexicali está reprobado en gobernanza urbana. En el 2018, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Hábitat y la Secretaría de Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) publicaron el Índice Básico de Ciudades Prósperas; entre las ciudades analizadas estuvo Mexicali que salió con una evaluación muy baja en dos de las cinco dimensiones que integran el concepto de prosperidad. Una de esas dimensiones es, como dije, el de la gobernanza urbana.
La gobernanza urbana es la capacidad del gobierno para dirigir de la mano con los ciudadanos, su propio desarrollo urbano. También se trata de prever y prevenir los conflictos y las inequidades que éste pueda traer. Si el desarrollo urbano no es dirigido por esta dupla ciudadano-gobierno, entonces no puede hablarse de gobernanza pues ésta exige el acuerdo y la acción conjunta de todos los actores al momento de orientar el desarrollo del municipio. La gobernanza urbana es darle las riendas del desarrollo al gobierno y a sus ciudadanos: a los dos al mismo tiempo.

La desregulación de las condicionantes para la operación de casinos es un ejemplo de la falta de gobernanza urbana. El mes pasado, nuestros diputados locales desaparecieron la prohibición que existía para establecer ese tipo de negocios en Baja California. Nadie supo de esta medida hasta que fue votada en el Congreso. Esta reforma junto con las modificaciones al impuesto para los juegos de apuestas es un desvelo de lo que será el proyecto de la 4T en la región. Se hace cada vez más evidente el modelo de economía que quieren implantar y ya se sabe del casino que el proyecto Chinatown que pretenden construir en el Centro Histórico y que incluye 1000 metros cuadrados para este tipo de establecimientos.

Lo que sigue es regular a nivel municipal los usos de suelo.  Ahora es responsabilidad de los cabildos modificar el Reglamento de Usos de Suelos o en su ausencia, los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población y desde ahí fijar las restricciones y condicionantes que estimen convenientes. Incluso podrían desde esa reglamentación prohibir la instalación de este tipo de negocios. No es que el municipio se haya quedado sin facultades para prohibirlos, es ahora cuando puede más puede actuar.

Dice la ONU que mejorar esta dimensión nos puede convertir en una ciudad próspera. Para ello es necesario que la legislación local, la administración pública y las estructuras de participación ciudadana, armonicen el funcionamiento de las demás dimensiones que integran el concepto de prosperidad. Yo digo que, si no se hace de esta manera, seguiremos siendo gobernados por un conjunto de amigos políticos-empresarios que conciben al gobierno como la incubadora de sus propios proyectos económicos.

¿Es justo el nuevo impuesto a la construcción?

La planeación urbana debe ir siempre de la mano de política fiscal.  El desarrollo urbano no sólo se trata de construir mucho. Cada nueva edificación o ampliación significa una nueva actividad o una intensificación de las actividades que ya se venían dando. Con ello, el gobierno municipal debe brindar servicios y adecuar la infraestructura a una realidad distinta. Eso evidentemente tiene un impacto en el erario público.

El día de hoy, la administración municipal propondrá al Congreso Estatal la creación de un nuevo impuesto que gravará a las nuevas construcciones. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el regidor panista Héctor Ibarra informaron a la opinión pública su postura en contra de la creación de este nuevo tributo que, dicen, impactará negativamente a los bolsillos de los compradores de vivienda media, edificaciones comerciales, turísticas e industriales. Es lógico pensar que tienen razón, la industria de la construcción es un negocio y en ese sentido buscará maximizar ganancias y por obvias razones no absorberá costos adicionales por su actividad.

Dicen los que saben, que para aumentar o crear nuevos impuestos es necesario evaluar las condiciones administrativas, económicas y políticas del momento. Dejando de lado las reservas de Ibarra Calvo sobre la supuesta incierta redacción, y olvidándonos un momento si la nueva administración será capaz de incrementar su capacidad recaudatoria, quisiera invitar a reflexionar sobre la conveniencia del pretendido impuesto en el contexto de la política urbana.

Es muy conocido por todos que Mexicali es una ciudad porosa. La expansión del área urbana ha salido bastante del control. No sólo tenemos desarrollos urbanos en las periferias, muchos de éstos, sobre todo los habitacionales se asemejan a zonas de desastre: abunda la vivienda abandonada o incluso es posible ver a diestra y siniestra conjuntos que nunca fueron habitados. En esa burbuja inmobiliaria perdimos todos: los trabajadores sus ahorros, el gobierno el subsidio a la vivienda social, y la ciudad, el costo de llevar infraestructura y servicios a esas zonas casi abandonadas. Ni hablar de la fiebre de centros comerciales y enormes edificios que aun siguen sin ser ocupados, sobre todo por el área conocida como “zona dorada”.

Los que pierden poco o nada son precisamente los desarrolladores. Una vez cerrado el negocio ellos se desentienden del problema, guardan las ganancias en sus bolsillos y van en busca del siguiente cliente. En ese sentido me parece muy justo que el gobierno municipal busque recaudar más con esa actividad. De alguna manera debe financiar las nuevas obligaciones que el desarrollo urbano le traerá.

Sin embargo, la industria de la construcción también activa la economía local. Para no frenarla, el gobierno municipal bien podría proponer una tasa diferenciada de ese nuevo impuesto. Una tasa que desincentive la construcción donde no se necesita y la impulse donde más se requiere. Así el crecimiento de la ciudad no será un lastre para sus habitantes.

Un parque limpio de pobres

Ilustración: cortesía de Omar Perea
El Parque del Mariachi amaneció sin pobres. De un día para otro, de la noche a la mañana, las personas en situación de calle desaparecieron. Este fenómeno social —presente en el Centro Histórico durante décadas— terminó el pasado 23 de noviembre, cuando las autoridades municipales decidieron “limpiar” el parque para poder realizar el festejo del día del músico. ¡Cómo no se nos ocurrió antes! Escobas, agua, algo de jabón y adiós pobreza.

Desde su celular la alcaldesa nos transmitió lo orgullosa que estaba de su personal de Limpia (Ver Video). A ellos les decía que, ese día, el parque… “nada que ver con ese hogar de personas en situación de calle…que hasta jeringas llegamos a ver”.  La verdad es que a quien le tiene que agradecer no es al personal Servicios Públicos, sino a la Policía Municipal. Aunque algunos así lo quisieran, las escobas no barren a las personas, los cuerpos policiacos sí. El Parque del Mariachi lucía bonito, limpio, seguramente amaneció oliendo a jabón, a fabuloso y a represión.


Pensemos ¿qué es más importante: un parque o las personas? Si el interés del gobierno municipal fuera su gente, hubiéramos visto una transmisión en vivo NO desde el Parque del Mariachi, sino desde los centros de rehabilitación y los albergues a los que supuestamente enviaron a casi todas las personas en situación de calle que usaban ese lugar. La preocupación no se hubiera centrado en mostrar la limpieza de un área verde sino el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que fueron desplazadas (vaya usted a saber si en contra o con su voluntad). Y ¿Cómo harán los albergues para atender a tanta gente ahora que el gobierno federal disminuyó su apoyo? ¿Será que el gobierno municipal tiene contemplado costear su operación? No creo.


Para el gobierno municipal lo importante es el espacio físico, no su gente. Y eso no lo digo yo, lo dijo en el mismo video un servidor público adscrito al Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACUM): lo que se quiere es “cambiar el perfil de visitantes”. El discurso que se está usando para intervenir el Centro Histórico se plantea desde una perspectiva de apoyo a la economía local pero no hay desarrollo que valga si no se atiende de raíz el sufrimiento de los que menos tienen. 


No es la primera vez que ejecutan este tipo de desplazamientos. Hace unos años, un grupo de profesionistas locales (arquitectos, artistas, entre otros), apoyados del IMACUM de Gustavo Sánchez  y de algunos comerciantes,  cometieron el mismo “error”. En su afán de hacer Algo Por el Centro Histórico y de “crear espacios públicos” intervinieron ese mismo lugar. En ese entonces la policía municipal desplazó del sitio a toda aquella persona que luciera como indigente, como usuario de drogas, o que padeciera alguna enfermedad mental. Se buscaba con ello reservar el parque para el disfrute  de “la gente bien”. 


Es verdad, en el Centro hay muchos signos de pobreza. Pero el gobierno municipal también tiene compromiso con los pobres. El gobierno no sólo se debe a los empresarios de cerveza artesanal o comercial, no sólo se debe a los organizadores de conciertos o al sector restaurantero; el compromiso también es con los que menos tienen. La vulnerabilidad de estos grupos tiene que ser abordada desde una perspectiva humanitaria no como una política de higienismo social.


El reto ahora es pensar en un proyecto urbano sustentable. De no cuidarse los impactos sociales del que pareciera ser el proyecto más importante de esta administración está en riesgo de convertirse también en el proyecto más perverso.

¿Por qué nos conviene que Mexicali no crezca más?


Muchas personas no saben, pero una ciudad dispersa, como la nuestra, le conviene a muy pocos. Cuando digo “ciudad dispersa” estoy refiriéndome al crecimiento desmedido del área urbana sobre el suelo rural o suelo rústico (el que aún no es apto para su habitabilidad). Nos estamos acabando el suelo. Muchos dirán: al cabo que hay mucho, tierra es lo que nos sobra. Pocas personas saben que esa expansión urbana tiene impactos negativos sobre los habitantes, impactos que me parece urgente visibilizar.

Una ciudad dispersa consume tiempo. Contrario a lo que se dice por ahí de que “el tiempo es oro” yo creo que es más adecuado decir: el tiempo es vida. Así pues, la ciudad dispersa nos absorbe vida y cada vez invertimos más tiempo en los desplazamientos, ya sea para ir a trabajar, adquirir mercancía o para visitar a algún familiar o amig@s. Según cifras del Sistema Municipal de Transporte (SIMUTRA) UNA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO TIENE UNA DURACIÓN PROMEDIO DE MÁS DE 170 MINUTOS. Es decir, una ruta inicia y termina su trayecto en ¡¡poco menos de las 3 horas!!

EL RITMO DE EXPANSIÓN DE LACIUDAD ES 4.2 VECES MÁS QUE EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. Es decir, estamos consumiendo más suelo del que realmente necesitamos. Si para el 2025 la población será de más de un millón de habitantes, como se espera, tenemos que empezar a exigir acciones para aprovechar el suelo urbanizado de la ciudad central y apostar por una ciudad más densa y compacta.


No sólo somos una ciudad dispersa, también somos una ciudad porosa. Por alguna razón alguien (o algunos pocos) ha estado facilitando la urbanización de la periferia de la ciudad ignorando los predios sin utilizar que ya tenemos en la ciudad central. EL 19.64% DEL ÁREA URBANA DE MEXICALI CORRESPONDEN A TERRENOS BALDÍOS que de alguna manera tienen cerca la infraestructura urbana requerida sin que para su ocupación se requiera invertir más dinero en su habilitación y que pueden aprovechar desde ya los servicios públicos que se brindan. Una ciudad dispersa le cuesta más al erario público.

¿Quiénes son los ganadores? Usted y yo no. Nosotros solo absorbemos los costos y la contaminación que estos desplazamientos prolongados generan. Hay que voltear a ver al sector inmobiliario, que en busca de maximizar sus ganancias compra suelo “barato” en los límites del área urbanizable; pero también hay que señalar al aparato gubernamental, que ha permitido o ha sido omiso, al no aplicar o no legislar efectivamente contra este fenómeno y de paso, fortalecer la especulación inmobiliaria (incremento de precios apoyado sobre una expectativa de ganancia futura).

Nuestras vidas se vuelven un poco menos soportables días con día. El tráfico nos estresa, nos roba tiempo de descanso y recreación. El transporte se vuelve más caro entonces la ciudad dispersa también afecta a nuestra economía. La salud también se ve implicada, entre más distancia en los desplazamientos mayor dependencia del automóvil y con ello se incrementa la contaminación. No por nada Mexicali es el TERCER MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL QUE MÁS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS LE INVIERTE ALTRATAMIENTO DE ENFERMEDADES relacionadas con la contaminación. En el 2018 nuestra entidad registró un incremento de 135% en las muertes asociadas con este deterioro en la calidad del aire.

Sin duda, ciudades más compactas pero ordenadas, mejoran con mucho nuestra calidad de vida.

Que empiecen los juegos del hambre. Confrontan a taxistas contra los servicios de Uber en Baja California

Fotografía: Congreso del Estado de Baja Calfornia

La actual legislatura quiere ver sangre correr. Parece no importarles que la violencia sea el escenario cotidiano en nuestro país: cárteles en Sinaloa, feminicidios, violencia creciente contra menores de edad, contra migrantes o contra jóvenes. Hace unos días se propuso una reforma que pretendía allanar el camino para desatar enfrentamientos directos entre el gremio de taxistas contra los conductores de transporte privado (a modo de servicio público) que se ofrecen a través de aplicaciones tales como UBER, Didi o Cabify. Aparentemente se buscaba contrapuntear a los trabajadores del volante, usarlos como gallos de pelea, enfrentar a trabajadores contra trabajadores.

La fallida modificación a la constitución local pretendía criminalizar este tipo de servicios de transporte. El dictamen número 8 fue aprobado en la parte donde incorpora como un derecho humano la movilidad urbana segura, además regresa el control total del sistema de transporte dentro del área urbana al gobierno estatal (actualmente a manos de los gobiernos municipales);. Esta parte sí fue plenamente aceptada.

Sin embargo, la propuesta original planteaba la posibilidad de que en las leyes secundarias se estableciera como delito los servicios de transporte a través de plataformas digitales. Aunque no fue ni siquiera votado, quedó como “recomendación
” para el diputado inicialista, que esa parte sea objeto de planteamiento, estudio y análisis en un instrumento diverso pues “la naturaleza jurídica de su construcción gramatical no es de orden constitucional”. Es decir, podrán plantearlo en leyes secundarias (Ley de Transporte o incluso el Código Penal). Aquí el artículo propuesto y denegado:

“Art. 69 (aprobado). - En relación con los delitos del transporte público en sus diferentes modalidades, se seguirán de oficio aquellos cometidos por personas que presten el servicio sin ser permisionarios o concesionarios autorizados, por lo que cualquier persona podrá poner a disposición del Ministerio Público a la persona que sea sorprendida realizando dicha actividad sin las autorizaciones correspondientes.
Por lo que hace al vehículo utilizado en la comisión del ilícito, es decir la prestación de servicio público sin concesión o permiso, será puesto a disposición de la oficina más cercana de la entidad de movilidad con el carácter de asegurado, conjuntamente con los sistemas e instrumentos que fueran utilizados para transportar personas (…)”

Es de una miopía garrafal creer que esta medida resolverá el problema de la prestación de este tipo de servicios.  Se está dejando de lado que, si Uber, Didi y las otras aplicaciones tienen éxito no es sólo porque en la mayoría de los casos brindan mejor servicio que los taxis tradicionales, sino porque la economía del país no ha podido generar las suficientes fuentes de empleo para estas personas que no tienen cabida en la economía formal. También están aquellos que, teniendo algún empleo, éste no genera los suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas.

Suponiendo sin conceder que esta propuesta resuelva como varita mágica la situación de los servicios de transporte público a través de plataformas digitales, surge la pregunta ¿qué harán con esos MILES de choferes que, no sólo se quedarán sin empleo, sino que muchos se verán sujetos a un proceso penal o estarán en prisión?

No sólo es un problema de movilidad, es un problema de pobreza. En otros países de Europa y también en Estados Unidos, los legisladores están debatiendo sobre reconocer los derechos laborales de los conductores de estas plataformas. ¿Cómo explicar que, en México, quieran incrementar sus obligaciones fiscales -aumentarles los impuestos- o de plano, como aquí, en Baja California aprueben su criminalización? Esto sólo puede ser posible porque en nuestro país el empleo es escaso y precario. La proliferación de conductores Uber y Didi no es un problema, sino la consecuencia de una economía débil que no protege al trabajador y donde se pierden miles de empleos mes con mes.

¿A quién se le ocurrió poner a pelear a conductores informales con el gremio taxista? Si la ley, como lo dice el dictamen permite que “cualquiera “ponga a disposición del Ministerio Público a aquellos choferes que presten el servicio sin permiso o concesión ¿no pensaron que esos “cualquiera” puede ser los integrantes del gremio taxista? ¿no les dijeron que ya se han dado trifulcas entre esos dos bandos? ¿Creen que despojarlos de su automóvil e incluso celulares ayudará a generar la paz social que tanto dicen buscar? Evidentemente no, nadie pensó en eso.

Es muy extraña esa reforma. Todos los Ayuntamientos soltaron el poder y el presupuesto que implica manejar los sistemas municipales de transporte, nadie dijo nada sobre la ausencia del ciclista en la priorización de los usuarios de la infraestructura vial, y nadie dijo nada sobre la potencial violencia que puede generar esta reforma. Tampoco nadie ha dicho nada sobre la bonita foto que se exhibe en la página del Congreso del Estado donde posa el diputado Víctor Morán y el gremio de taxistas de la localidad.

De llevarse ese planteamiento a las leyes secundarias entonces sí, que empiecen los juegos del hambre.

P.D. ¿Alguien conoce la Red de Movilidad Urbana de Baja California? Dicen los diputados que es una plataforma electrónica donde se publicó esta iniciativa y en la que incluso se discutió con diversos sectores de la sociedad especialistas e interesados en el tema ¿Será?


Turistificación y regeneración urbana

Foto: cortesía RadaBC
Los del Centro Histórico no son proyectos de regeneración urbana, son proyectos turísticos. Esa fue la aclaración que hace unos días se hizo sobre las intervenciones urbanas anunciadas para esa zona. Fue un importante cambio del discurso (minuto 9:22) que nos puntualiza los objetivos planteados. No se busca una solución urbana integral, son sólo un par de proyectos económicos que serán situados ahí, en el centro tradicional de nuestra ciudad.
La regeneración urbana implica plantear una estrategia que mejore la calidad de vida de la comunidad. No sólo es una intervención al entorno físico urbano, es mucho más que eso pues los cambios que se proponen no se limitan a cuestiones urbanas, sino que se abordan otros ámbitos como el social, económico, y ambiental. Un proyecto de regeneración urbana, además de buscar optimizar los recursos naturales y urbanos existentes lleva como consigna ese concepto llamado Derecho a la Ciudad, donde todos y cada uno de nosotros somos partícipes en la producción del espacio urbano, desde su planeación hasta su apropiación. Nos estamos refiriendo pues a un proyecto integral.

La regeneración urbana también persigue la recuperación económica de un sitio. Aunque su objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y usuarios tradicionales, ya sean propietarios, inquilinos, transeúntes, o trabajadores, este tipo de proyectos le apuesta por buscar que los beneficios económicos se dirijan principalmente a esta misma población.

En un proyecto de regeneración urbana no existen desplazamientos de los usuarios habituales. Ellos son una parte importante del proyecto. Aquí, los habitantes y usuarios son pensados no sólo como beneficiarios sino también como agentes del cambio.

La turistificación es parecida pero no es igual. Los proyectos turísticos se generan principalmente para aprovechar el potencial económico de un territorio. Su objetivo es facilitar que se desarrollen actividades de comercio y servicio que serán demandadas principalmente por población externa que visita ese lugar: por turistas. Un proyecto turístico, si es sustentable, aspirará a tener los menores impactos sociales y ambientales, pero su finalidad principal no será dar solución a esos temas.

Los beneficios económicos de un proyecto turístico no necesariamente son para su población original. Estos son planteados la mayoría de las veces integrando a grupos de inversionistas que con la inyección de capital logran asociarse a este tipo de proyectos y es con ellos con quienes han de repartirse las ganancias, las que siempre buscarán ser maximizadas.

Los proyectos turísticos no protegen a la población ni a los usuarios originales. Pueden incluso provocar su desplazamiento cuando éstos se perciban como factores que obstruyan o dificulten la generación de dividendos. De esta manera, si los usuarios, inquilinos o habitantes originales no se suman a esta dinámica, se buscará desplazarlos. Esto se logra modificando los usos de suelo o aplicando con mayor rigor reglamentos municipales o bandos de policía y gobierno. También es posible deshacerse de comercios y servicios e incluso vivienda que se consideren incompatibles con el proyecto a través de los incrementos de precios del suelo (aumento del precio de las rentas o de los impuestos a la propiedad).

Los proyectos turísticos no necesariamente atienden a las necesidades de la comunidad. Pueden incluso romper con las dinámicas sociales tradicionales de un lugar. Esto pasa cuando la población no es integrada en el diseño de un proyecto turístico, cuando el planteamiento es hecho por una consultoría especializada que, haciendo uso de su conocimiento “profesional” decreta que es bueno y que no es bueno para esa parte de la ciudad, pero deja de lado las necesidades y aspiraciones de sus habitantes y usuarios tradicionales.

Aun no se sabe cómo serán los proyectos del Centro Histórico, sólo queda esperar.

domingo, 8 de marzo de 2020

El discurso del mecenas

Foto: Tomada del boletín del Ayuntamiento de Mexicali

“Este proyecto va más allá del simbolismo que es el trabajador. Se está creando una comunidad muy grande. Digo, los empresarios siempre han estado unidos, pero ahora por el lado cultural va a ser un crecimiento más grande para la ciudad …” (Palabras deMarco Miranda, autor de la escultura)



OJO: Esto no es una crítica de arte. Repito NO es una crítica de arte.

Hace poco instalaron una nueva escultura en Mexicali que según el discurso oficial pretende homenajear al trabajador.  Esto me parece más una tomada de pelo, un homenaje vacío por parte del sector empresarial. Nos dieron, como se dice popularmente “gato por liebre”. Para los industriales el trabajador tiene una mínima importancia y creo que en esta ocasión fue más relevante “mostrar el músculo”. Con esta obra, el acto de inauguración y el discurso que acompañó la instalación es casi imposible ponerlo en duda.

Primero porque el emplazamiento de la obra fue una demostración del poder político que posee ese sector. Los urbanistas conocedores del tema saben que es un error colocar dos monumentos en un mismo sitio o con mucha cercanía. Esta escultura comparte, literalmente, la misma glorieta que la obra dedicada al General Sánchez Taboada, quien fuera gobernador del estado (tampoco intento defender a ese personaje). Creo que este capricho de los industriales tiene un objetivo: fijar su territorio. Ahí empieza el corredor, “su locus” donde están sus naves industriales.



Algunos estudios sobre monumentos urbanos sostienen que el acto de inauguración forma parte de la obra. En tal evento, organizado por IAMSA y el Ayuntamiento, el único ausente fue el trabajador. Ahí estuvieron presentes políticos, funcionarios del sector industrial, periodistas, artistas, PERO NO ASISTIÓ UN SOLO TRABAJADOR (¿los habrán invitado?). Tampoco estuvieron los representantes sindicales (ni charros, ni blancos, ni rojos). 

Fue un acto de elogio al amigo empresario. El ahora exalcalde, Gustavo Sánchez otorgó un reconocimiento a los “forjadores”, pero no se confunda, no se refirieron a aquellos trabajadores que dan forma al acero ni siquiera porque algunos de ellos apoyaron al artista en la creación de esta obra (no la hizo él solito). El Ayuntamiento de Gustavo Díaz distinguió sólo a un grupo de empresarios industriales; los llaman forjadores porque ellos creen en el valor de sus aportaciones para el desarrollo de la ciudad o porque son sus amigos. Para los obreros no hubo nada.

Poco a poco, el sector industrial ha venido apropiándose del espacio urbano. Cierto que no es una apropiación en el sentido jurídico, el espacio urbano intervenido no pasa a ser parte de su patrimonio inmobiliario, pero sí van creando una identidad gremial usando nuestro espacio público, lo que en sociología llaman “apropiación simbólica”.  La escultura refleja el discurso público del mecenas, del que patrocina el arte público. Deja ver sólo aquello que los empresarios quieren que sepamos, pero sin duda no expone los conflictos que existen entre unos y otros.

- ¡Mejor hubieran invertido en otra cosa! – Le dijo un obrero al artista, cuando supo que los empresarios le pagarían por hacer esa escultura. ¿En qué deben invertir los empresarios según los trabajadores? ¿Qué cosa quieren o necesitan los obreros? ¿La obra refleja esas demandas? Seguramente no y Miranda lo dejó bien claro: se está creando una comunidad muy grande, la de los empresarios. Fueron ellos quienes, como buenos mecenas, le indicaron qué visión y que discurso construir.

Si la ciudad es de tod@s ¿por qué sólo a unos cuántos se les permite intervenirla? ¿por qué sólo escuchamos unas voces y observamos una sola visión mientras que otras tantas son calladas o borradas del paisaje urbano? ¿En la configuración
de la ciudad debemos seguir ese dicho de “el que paga manda”? ¿Por qué el discurso urbano siempre es un discurso proempresarial?

Como les dije al principio, no hablé de arte. La interpretación y la percepción de la calidad estética de la escultura, se cuece aparte. Sin duda la obra puede ser tomada como una acción de embellecimiento de la ciudad e incluso podría en un futuro apropiarse y resignificarse por otro sector de la comunidad. Todo dependerá del uso que se le dé a ese espacio. Un ejemplo de esto es el monumento a Lázaro Cárdenas o el de Benito Juárez que ya son un referente de la lucha social en Mexicali.

El efecto Constellation

Foto: Captura de pantalla a Pregonerobaja
Llamo efecto Constellation a la facilidad que tenemos ahora para rechazar cualquier proyecto urbano que implique algún riesgo. Sí, se lo debemos a esa empresa cervecera y a otras experiencias más que han minado el imaginario del cachanilla haciéndonos más desconfiados. Como dicen en mi pueblo: la burra no era arisca… 

La opacidad y los señalamientos de corrupción acompañaron siempre a esa corporación. Primero nos quisieron privatizar el agua, luego vimos a un senador-constructor, después nos enteramos de la infraestructura hidráulica gratuita y de la omisión de requisitos urbanos y ambientales. Todo esto aderezado con un movimiento social urbano que logró apoyos multitudinarios. De aquí en delante, cualquier proyecto que pretenda instalarse en Mexicali deberá hacer uso de otros métodos para lograr la legitimación social.

El domingo se dio a conocer la construcción de una Terminal de Almacenamiento y Reparto de Hidrocarburos en el ejido Puebla. Una planta como esta implica cierto riesgo socioambiental, cierta probabilidad de que se genere algún accidente. Sin embargo, esos efectos los percibimos de diferente manera que no necesariamente son congruentes con el riesgo real. Los ciudadanos podemos atenuar la percepción del riesgo o amplificarla. Esto dependerá de dos factores: la exposición que hallamos experimentado del riesgo en el pasado (directa) o el conocimiento que tengamos del mismo (indirecta).

Es verdad que Mexicali ha experimentado accidentes socioambientales. Hagamos memoria: la varilla radioactiva, la contaminación de suelo generada por la empresa Química Orgánica, y los accidentes de la planta de Pemex que estaba en Centro Cívico. Pero también tenemos conocimiento de este tipo de riesgo a través de los medios. Por ejemplo, Luis Arellano, el autor de esta nota la tituló “Construyen bomba de tiempo, almacenarán 200 mil barriles de gasolina en el Ejido Puebla”. No podemos negar que esto le agregó mucho drama a la noticia. Quizá por mercadotecnia o quizá porque es el reflejo de un temor genuino del autor de la nota puesto que como cachanilla también desconfía, como nosotros, del gobierno y de los empresarios.

Pero dicen los teóricos de la comunicación, que los medios no nos dicen qué pensar, sino sobre qué pensar. Es decir, por mucho que el encabezado pueda orientar nuestro juicio, tiene sus limitaciones. Es aquí cuando el contexto puede influir. Ese es precisamente lo que yo llamo Efecto Constellation: todo está bajo sospecha de corrupción. Llegamos a esto porque tanto el gobierno como los empresarios hacen todo en lo oscurito. De la noche a la mañana nos amanece una nueva privatización, un megaproyecto, una tranza en Mexicali. Es como si no existiéramos.

Este proyecto de la Terminal de Almacenamiento no es la excepción. El cambio de uso de suelo se aprobó en el Cabildo. El acta de la sesión da cuenta de que algunos regidores fungieron como abogados de la empresa. El actual Director de Administración Urbana y el que fuera antes director del Instituto Municipal de Planeación fueron exhibidos como agoreros de la obra. Sólo dos regidoras plantearon dudas, y una de ellas, Virginia Noriega dio su voto en contra. Ella argumentaba que no eran expuestos los efectos en la salud que traería esta Terminal. Nadie le hizo caso e incluso la “corrigieron”: ese era tema urbano, no de salud (como si lo urbano no impactara en la salud pública). 

Se asomó un poco la corrupción. A cierto regidor de extracción priísta se le “chispoteó” y dijo “estos almacenes (…) como otros ya están empezando a pedir apoyos” ¿Quiso decir que empresarios cabilderos están tocando a sus puertas? En lo que son peras o son manzanas, nadie se comunica con la sociedad, que es la principal afectada para bien o para mal. Ya no son tiempos de que empresas y gobierno hagan lo que se les da la gana, sino quieren el rechazo social, empresarios y gobierno deben comunicar los proyectos urbanos desde su gestación hasta su puesta en marcha. Deben conducirse claro está con honestidad, les sale más barato y más sencillo transparentar sus operacio
nes que después andar gastando su dinero en publicidad inocua como aquella que dice: No sólo hacemos cheve (…también hacemos tranzas).

LECTURA RECOMENDADA: Parte de esta columna se basa en el libro “Ciudad y Responsabilidad”; Judith Ley y Fabiola Denigri, UABC. Libro electrónico gratuito: 

miércoles, 15 de enero de 2020

Los planes para trasladar a la población sin hogar de California a instalaciones centralizadas ganan fuerza


Este es un reportaje de Curbed sobre la política propuesta por la administración de Trump respecto a la población sin hogar. La traducción es propia con ayuda del traductor Google. 

La liga a la publicación original es esta: https://www.curbed.com/2020/1/13/21035807/california-homelessness-trump-newsom-garcetti



“Evacuar” 150,000 personas a sitios distantes sería similar a los campos de internamiento, dicen los defensores de la vivienda.

Duane Nason cree que tiene una solución para la creciente crisis de personas sin hogar de California. El desarrollador de software y el ingeniero web imaginan una propiedad de 300 acres, similar en tamaño a un parque de diversiones, dice, con torres de apartamentos de gran altura, servicios médicos en el lugar y acceso a capacitación laboral. El plan de Nason crearía lo que es esencialmente una ciudad completamente nueva del tamaño de Berkeley, pero en la zona rural de California, con espacio suficiente para albergar a toda la población sin hogar del estado, que actualmente suma más de 150,000.

"La única forma de llegar a una solución completa era construir una ciudad completa", le dice a Curbed.

Nason, que tiene un título en matemáticas, dice que ha estado estudiando la respuesta del estado a la crisis de las personas sin hogar durante los últimos dos años. Confía en que su plan para un "ambiente de vida único y solidario", al que llama Citizens Again, es la mejor manera de resolver el problema porque solo costaría $ 3 mil millones —según dice, es lo que todo el país gasta cada ocho meses en soluciones para personas sin hogar que son en gran medida replicas o esfuerzos repetitivos. (Los 3 mil millones no incluyen los costos operativos anuales; actualmente está financiando de manera colectiva $ 50,000 para lanzar el proyecto).

En cualquier otro momento, la propuesta de Nason podría descartarse fácilmente como una solución tecnocrática demasiado simplificada a un problema social sistémico complicado. Pero las propuestas de instalaciones centralizadas como esta para los residentes sin hogar de California han estado ganando impulso con los líderes locales, y sus constituyentes, que están cada vez más frustrados por la lenta respuesta a una crisis tipo bola de nieve.

El recinto ferial, los hospitales fuera de servicio y las propiedades de Caltrans son solo algunas de las tierras estatales que el gobernador de California Gavin Newsom ordenó que se encuestaran por su potencial para albergar instalaciones para personas sin hogar en enero pasado. Ahora que la encuesta está completa, con otra orden ejecutiva la semana pasada, se abrieron inmediatamente las tierras recomendadas como refugios de emergencia. La administración Trump ha sugerido usos similares para terrenos y edificios federales. En septiembre, se informó que un grupo de funcionarios federales que visitaron las instalaciones para personas sin hogar en California estaban considerando un plan para reubicar a 10,000 residentes de Skid Row en Los Ángeles a un edificio federal vacante cerca del aeropuerto de la ciudad.

Los defensores de la vivienda temen que estos movimientos signifiquen que se avecina una importante ofensiva federal, una que, debido a la demora en la implementación de otras soluciones, no solo será bien recibida sino apoyada por los funcionarios estatales y locales.

A partir de la semana pasada, al menos una de las principales ciudades de California, Los Ángeles, está cooperando con el gobierno federal, según un comunicado del alcalde Eric Garcetti, quien dice que la ciudad está trabajando estrechamente con la administración de Trump en soluciones para las personas sin hogar.

"Esperamos con interés las discusiones en curso que demostrarán cómo nuestros gobiernos federales y locales pueden convertirse en socios fuertes y constantes para enfrentar un problema que afecta a ciudades de todo Estados Unidos", escribió Garcetti en una carta dirigida a Trump y al Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson.

Una carta de Carson en respuesta que fue obtenida por Los Angeles Times le dijo a Garcetti que "la ciudad y el condado de Los Ángeles deben asociarse con nuestros esfuerzos y hacer los cambios necesarios en las políticas", que incluyen "empoderar y utilizar la policía local" y "reducir las regulaciones en la vivienda para acelerar la construcción de viviendas asequibles".

Según el informe federal anual que recopila datos de un recuento nacional realizado cada enero, el número de personas sin hogar en California durante 2019 aumentó en poco más de 21,000, o 16.4 por ciento respecto al año anterior, es decir, aproximadamente 151,000. El aumento fue suficiente para compensar las caídas en 29 estados, lo que resultó en un aumento general del 2.7 por ciento a nivel nacional. El gran salto de un año se atribuye a las rentas disparadas, que continúan superando los aumentos salariales.

Los mensajes federales sobre el informe de personas sin hogar se centraron casi exclusivamente en los números de California. "El aumento en California es más alto que en todos los demás estados combinados", señaló el comunicado de prensa sobre Desarrollo Urbano y Vivienda en las cifras anuales.

El presidente Donald Trump publicó varios tuits que decían a los funcionarios de California que "limpiaran su acto" o que él "se involucraría". Carson le dijo a Ed Henry de Fox News que las ciudades de California deberían "destrabar a las fuerzas del orden público para que las personas puedan ser expulsadas ahora y ubicadas en lugares de transición".

En diciembre, Kriston Capps de CityLab informó que el gobierno federal está listo para tomar medidas sin precedentes sobre la falta de vivienda, con la Casa Blanca avanzando actualmente en una orden ejecutiva que requeriría que las ciudades eliminen los campamentos de las calles y obliguen a los residentes sin hogar a ingresar a las instalaciones federales, y se lleven financiación de viviendas para ciudades que se niegan a cumplir.

La semana pasada, Garcetti confirmó que el liderazgo de la ciudad está "trabajando en un acuerdo sobre la falta de vivienda" con la Casa Blanca, solicitando a Carson "tierras potenciales federales para el desarrollo de viviendas y refugios" y "recursos apalancados" para las necesidades de salud pública de Carson, quien tuiteó que estaba deseando una "nueva asociación" con Garcetti.

Pero la disposición de Garcetti a trabajar con la administración Trump ha creado inquietud entre los defensores a la luz de los recientes nombramientos federales.

A principios de diciembre, el consultor privado Robert Marbut fue confirmado como el director del Consejo Interagencial de Personas sin Hogar de EE. UU., una elección que fue ampliamente condenada por los defensores. Marbut es conocido por ayudar a las ciudades a crear instalaciones grandes y centralizadas que requieren que los residentes sin hogar se muden de las calles para recibir alimentos o servicios.

Las propuestas de este tipo de solución conocidas como "almacenamiento", se han vuelto más frecuentes en los últimos meses en California, según Matt Levin, quien cubre la crisis de falta de vivienda del estado para CalMatters. "Creo que refleja un sentimiento creciente pero tácito entre los residentes de lugares incluso progresivos de que las soluciones de tipo de almacenamiento podrían ser aceptables si significa que se reduce la falta de vivienda visible", le dice a Curbed.

Las propuestas federales no son diferentes a algunas soluciones que están discutiendo los líderes locales de California. En diciembre, un concejal de Oakland, California, propuso convertir un crucero en una vivienda para 1,000 personas sin hogar, y durante el último año se han presentado propuestas para albergar a residentes sin hogar en cuarteles militares y portaaviones.

"Necesitamos más opciones de alojamiento temporal", dice Anya Lawler, defensora de políticas para el Centro Occidental sobre Derecho y Pobreza, y miembro del grupo de trabajo sobre la falta de vivienda del gobernador. "Necesitamos que la gente entre".

Pero reconoce que la forma de entrar tiene que seguir siendo una opción para las personas sin hogar. "Lo que les pedimos que hagan es que abandonen su comunidad para entrar y formar otra comunidad". Los refugios temporales tradicionales no siempre son viables para personas con parejas, mascotas o afecciones como el trastorno de estrés postraumático, dice. "Solo exacerbará los desafíos que ya enfrentan".

Aunque HUD no ha proporcionado detalles específicos sobre qué tipo de asistencia temporaria para refugios se podría proporcionar a LA y otros lugares, los proveedores de servicios para personas sin hogar especulan que la ayuda federal será similar a la que ofrece el estado: acceso a tierras o propiedades federales, financiamiento para servicios y recursos para construir viviendas temporales, como las estructuras suspendidas actualmente utilizadas como refugios de emergencia en algunas ciudades.

"Creo que pondrán a disposición tierras federales para cosas como nuestra estructura suspendida ... viviendas de clasificación inmediata ... y pedirán a las organizaciones sin fines de lucro locales que las operen", dijo Andy Bales, CEO de la Misión de Rescate de la Unión, en AirTalk de KPCC.

Pero dónde exactamente se ubicarían esas estructuras y si las personas se verían obligadas a trasladarse a ellas son preocupaciones de los defensores locales de personas sin hogar como Pete White, director ejecutivo de la Red de Acción Comunitaria de Los Ángeles.

"Lo último que vas a hacer es llevar tu trasero a un área remota sin ningún servicio y sin ninguna de las redes que te han mantenido un tanto unido", dice White. "A menos que esté hablando de evacuaciones obligatorias, y así es como las llamo, evacuaciones, las personas no abandonarán sus comunidades".

 

Las ciudades de California ya no pueden criminalizar el sueño en la calle, gracias a un fallo de la corte el año pasado que algunos líderes locales han dicho que impide su capacidad de limpiar los campamentos. En abril, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que abarca California, dictaminó en el caso de Martin v. Ciudad de Boise que "el gobierno no puede criminalizar a las personas indigentes y sin hogar por dormir al aire libre, en propiedad pública, con la falsa premisa de que tenían una elección en el asunto”. A fines del año pasado, la Corte Suprema se negó a escuchar el caso, lo que significa que el fallo se mantiene: los líderes de la ciudad no pueden criminalizar la falta de vivienda a menos que puedan demostrar que los residentes tienen acceso a un refugio adecuado.

White cree que los líderes de la ciudad responderán al fallo proclamando que ha construido el número adecuado de camas de refugio, y luego obligarán a las personas a mudarse de las calles a esos refugios, o enfrentar la cárcel. "Te harían creer que la gente querría irse", dice.

Una medida de votación propuesta por un ex legislador del estado de California crearía un mecanismo alternativo para canalizar a los residentes a instalaciones de vivienda al establecer un tribunal especial solo para residentes sin hogar. Las personas no alojadas serían sentenciadas a estadías de 364 días en hospitales públicos o centros de tratamiento de salud mental por cometer lo que se denominan delitos de "calidad de vida", como mendicidad, intoxicación pública y allanamiento. Técnicamente, esto podría ser legal para una ciudad, siempre y cuando la ciudad pueda demostrar que ha proporcionado suficientes camas.

Al mismo tiempo, la lenta respuesta del estado a la construcción de esas camas de refugio puede estar acelerándose. El grupo de trabajo para personas sin hogar del estado propuso una medida de votación por separado esta semana que permitiría al estado castigar a las ciudades por no construir suficientes camas de refugio. Y en diciembre, Newsom lanzó un adicional de $ 650 millones en fondos de emergencia para personas sin hogar para ciudades que, según su administración, habían sido bloqueadas por obstáculos federales relacionados con el HUD que certifica los recuentos de personas sin hogar en un momento dado. (HUD finalmente publicó los datos el 20 de diciembre de 2019, mucho más tarde de lo habitual en el año).

Pero la falta de dinero o recursos no ha sido lo que ha detenido el despliegue de servicios en algunas ciudades de California. En muchos casos, a pesar de que se ha introducido legislación estatal para agilizar el proceso de aprobación del vecindario, los propietarios enojados que luchan contra las instalaciones han sido lo que ha retrasado la construcción de refugios.

"La propuesta de Citizens Again señala que 'nunca antes se había intentado algo así', lo cual no es del todo correcto: 120,000 japoneses estadounidenses fueron obligados a abandonar sus hogares y campamentos en áreas rurales durante la Segunda Guerra Mundial", dice Tommy Newman, director de iniciativas de impacto para United Way of Greater LA. “La mayoría de las personas que viven afuera vivieron en el interior de la misma comunidad. Conceptos como Ciudadanos nuevamente ignoran este hecho y en su lugar deshacen cualquier red de apoyo o conexiones familiares que una persona pueda tener, y no es así como terminaremos con la falta de vivienda".

Newman también señala que las propuestas para reubicar a las personas no abordan lo que actualmente es el mayor problema de algunas ciudades: las personas caen en la calle más rápido de lo que se las aloja. Todos los días, en el condado de Los Ángeles, que alberga a la población sin hogar más grande del país, hay aproximadamente 130 personas alojadas, pero 150 personas se quedan sin hogar, dice. "Nuestro enfoque colectivo debería estar en cambiar esa proporción creando suficientes viviendas estables y permanentes que las personas puedan pagar, no alejando a las personas de bajos ingresos".

El gobierno federal ejerce control sobre muchos de los programas que financian viviendas permanentes y hacen que las viviendas existentes sean más asequibles. Después de que una medida de votación de 2016 aumentara los fondos para viviendas de apoyo en Los Ángeles en $ 1.2 mil millones, a la ciudad le tomó más de tres años abrir su primer nuevo proyecto. Las ciudades necesitan ayuda federal para implementar soluciones más inmediatas, dicen los defensores.

"La causa fundamental de la falta de vivienda es la falta de acceso a viviendas seguras y asequibles", dice Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, que pide al gobierno federal que financie la asistencia de alquiler ampliada, la construcción de apartamentos asequibles para los inquilinos de menores ingresos y asistencia en efectivo para evitar desalojos. "$ 3 mil millones podrían pagar la asistencia de alquiler para más de 330,000 personas sin hogar, una solución comprobada y comprobada para terminar con la falta de vivienda".

A nivel estatal, Lawler apunta a $ 1 mil millones destinados a personas sin hogar en el presupuesto anual del estado, incluido un fondo único de $ 750 millones que financiaría asistencia de alquiler, vivienda temporal y servicios. "Para nosotros, esa es una gran señal porque siempre hemos argumentado que necesitamos asistencia de alquiler para personas con alto riesgo de quedarse sin hogar", dice ella.

Sin embargo, a nivel federal, Carson ha intentado recortar fondos para subsidios de asistencia de alquiler en los últimos años. También ha logrado revertir las regulaciones de vivienda de la era Obama que abordan la segregación y la discriminación, incluida una revisión de la regla Disparate Impact, que ha sido la base legal para las demandas de discriminación de vivienda durante décadas.

La falta de vivienda tiene un impacto desproporcionado en los grupos raciales que esas políticas antidiscriminatorias estaban destinadas a ayudar. Una investigación reciente del New York Times encontró que los afroamericanos representan el 8 por ciento de los residentes del condado de Los Ángeles, pero el 42 por ciento de su población sin hogar.

White, quien está trabajando con los funcionarios de Los Ángeles para crear soluciones de vivienda para los angelinos no alojados en terrenos de la ciudad, dice que cooperar con el gobierno federal actual es como hacer un "trato con el diablo".

"¿Cómo puedes tener a CarsonTrump y ahora a Marbut, y pensar que eso te llevará a un lugar bueno al mismo tiempo que tienes niños en la frontera detenidos en campamentos?", Dice White.