Los cochinos lotes baldíos de la ciudad

Foto: Sergio Rodríguez

Recientemente mi hijo me preguntó: ─¿Mamá, qué se puede hacer con las construcciones abandonadas? Es triste, pero en la mayoría de las colonias de Mexicali, existe por lo menos un predio que, o está abandonado o nunca fue construido y en muchas ocasiones sirve como picadero o como un basurero clandestino. No es un fenómeno exclusivo de los fraccionamientos de la periferia, aunque es verdad que es ahí donde más lo sufren.

Luego recordé que sí, sí se puede hacer algo. Éste, aunque es un problema mayor, puede convertirse en una fuente de ingresos y apoyar el desarrollo de la ciudad. Hace unos días, Gustavo Sánchez hizo un compromiso en su primer discurso como presidente municipal. Dijo que les exigiría a los propietarios cuidar sus lotes baldíos y las construcciones abandonadas; además afirmó que combatiría los basureros clandestinos que tanto denigran la imagen de Mexicali.

Los lotes baldíos y las construcciones abandonadas generan varios conflictos importantes en la ciudad. No sólo son una mala imagen, como dijo el ahora alcalde de Mexicali; además son fuentes de contaminación de aire y suelo, puntos de inseguridad urbana, nidos de fauna nociva y son un factor que disminuye la percepción de confort para la comunidad que los rodea.

Lo malo es que a las autoridades les ha faltado voluntad y eficiencia. Para que se pueda cumplir lo que ahora se promete se debe actualizar el padrón catastral y sobre todo tener voluntad de resolver este añejo problema. Cuando así se haga, tendremos una ciudad más bonita, más limpia, más densamente habitada, también estaremos fortaleciendo la hacienda municipal y la economía de Mexicali. Porque estos predios, según la normatividad, pagan más de impuesto predial además que, al estimular su ocupación y desarrollo, revitalizamos nuestra comunidad y generamos más intercambios económicos.

Ejemplo de la ine

ficiencia y la falta de voluntad es la imagen que encabeza esta nota. Es de un lote baldío ubicado en una colonia que tiene por lo menos cuatro décadas de fundada (Col. Mártires de 1906), adeuda casi 6 mil pesos de impuesto predial (de 2014 a la fecha), pero debería estar pagando alrededor de los 10 mil pesos. Esta diferencia se debe a que se le está aplicando una tasa menor, como si fuera un predio construido y habitado cuando se debe cobrar como lote baldío, al que se le aplica una tasa más alta.

Además, en el recibo que expide el ayuntamiento sólo consta una diminuta multa de $146 pesos, cuando si vemos las imágenes históricas a través de Google Earth, en este predio es común que se acumule basura en su interior y exterior y desde hace varios años carece de cerco.

Ahora que sobran las promesas pero falta el dinero, esta sería una buena estrategia del XXII Ayuntamiento para mejorar nuestra ciudad sin endeudarla más.

Movilidad urbana y el “interés mayor de la comunidad”

Imagen: cortesía Cristian Torres

Una de las deudas que deja Jaime Díaz con los ciudadanos es el de la movilidad urbana. La forma en que nos desplazamos por la ciudad, aunque repercute directamente en nuestra calidad de vida, no fue un tema relevante para el funcionario saliente.

La esperanza aún no se pierde. El flamante presidente municipal, Gustavo Sánchez, prometió ayer por la noche, en su discurso de toma de protesta “una mejora sustantiva del servicio de transporte en todas sus modalidades”. La forma en que el XXII Ayuntamiento de Mexicali resuelva este importante elemento urbano va a depender mucho de cómo se manejen ciertos grupos y líderes sociales.

De los actores más relevantes en estos temas es el colectivo denominado Mxli BiCi. El grupo está formado por profesionistas de varias disciplinas y es apoyado por cientos de usuarios y simpatizantes. Pocos de los que abanderan actualmente el tema de la movilidad urbana le otorgan a esta modalidad de transporte la importancia que debe tener. Es por eso que el trabajo de Mxli Bici se vuelve tan relevante para la comunidad. El colectivo se moviliza con recursos propios y de sus adherentes y una de sus próximas acciones será el de crear un espacio público desplazable al que denominan “Masa Crítica”. Desde ahí exigirán los derechos de los ciclistas para usar de forma compartida las calles de Mexicali.

Otro personaje involucrado en el tema es Benjamín Garza. Es director de la empresa “Transportes Modernos de Mexicali” (TRAMO) que es beneficiaria de varias concesiones de transporte público en la ciudad. Su estrategia de comunicación actualmente incluye la conducción de dos programas que se transmiten por un canal de televisión local. Desde esos espacios, el empresario transportista aborda distintos temas de interés para la comunidad. Desde la cortinilla de uno de sus dos programas – el que se especializa en temas de movilidad urbana− nos deja ver cuál es su interés: el transporte público de la ciudad.

Otro connotado empresario que ha alzado la voz en este tema es Juan Ignacio GallegoTopete. Es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Mexicali (CANACINTRA) y muchas veces ha aprovechado los espacios que los medios de comunicación le dan para hacer notar que, a Mexicali, le hace falta una reingeniería en las rutas del transporte público. También demanda el aprovechamiento de la inversión hecha en el BRT (Bus rapid transit).

Otras voces se podrían citar en esta columna (Uber, regidores salientes, concesionarios y líderes transportistas). El asunto ahora será saber distinguir entre todas ellas los intereses que están defendiendo, cuáles de ellos son públicos y cuáles son privados o de sector. El reto lo tienen, tanto el nuevo presidente municipal y todos los integrantes del cabildo, así como el nuevo director del Sistema Municipal de Transporte, Luis Alfonso Vizcarra Quiñonez. Este último acaba de señalar ante medios que todos deberán participar ante el reto que implica el nuevo desarrollo de la ciudad, en tanto que Gustavo Sánchez dijo que priorizará el “interés mayor de la comunidad”.

Acá estaremos dándole seguimiento desde este espacio y para recordar que movilidad urbana no solo son placas de taxis y camiones, son paraderos, bicicletas, rutas eficientes, banquetas, todo esto y más.

Las buenas intenciones

Foto: Cortesía RadarBC

El pasado 10 de noviembre el diputado local Catalino Zavala Márquez presentó en el pleno del Congreso Estatal una iniciativa de reforma a la Leyde Participación Ciudadana que, aunque con buenas intenciones, será insuficiente para promover una verdadera vida democrática al interior de Baja California. La reforma tiene básicamente dos propuestas.  

La primera es reconocer expresamente que la participación ciudadana es un derecho humano.   Esto es sin duda un avance para la democratización de la vida pública de la entidad pues significa que tendrán que fomentar la participación ciudadana como un valor presente en las decisiones del gobierno.

La segunda propuesta es agregar la audiencia pública como un mecanismo más de participación. Este nuevo instrumento habrá de sumarse a los ya existentes que son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Con este planteamiento, en efecto, se abrirá otro espacio de debate sobre temas de interés público. Sin embargo, ello no garantiza la inclusión de todas las voces, ni tampoco obliga a las autoridades a tomar una determinación basada en las opiniones que los participantes expresen en tales actos. Es un mecanismo pues, muy limitado.

Al proponer estas reformas, Zavala Márquez, dijo que se buscaba la modernización de la Ley de Participación Ciudadana. Pero el problema real no es que la norma sea obsoleta, como el legislador aseguró, sino que ésta es inoperable. La Ley de Participación Ciudadana tiene serias deficiencias que hacen que el ciudadano pase por un proceso burocrático complejo, amplio y confuso. Además quien quiera hacer uso de uno de estos instrumentos de participación tendrá que estar dispuesto a iniciar una contienda contra aquellos servidores públicos acostumbrados a gobernar de manera arbitraria.

Por traer a colación un ejemplo, tenemos el esfuerzo que hace el Frente Estudiantil Mexicalense por implementar un plebiscito en torno al alza de tarifas sobre el pasaje en transporte público. La agrupación ha enfrentado la falta de voluntad política del Ayuntamiento y del Consejo de Participación Ciudadana Municipal que han puesto varias trabas al procedimiento.

Otro intento de plebiscito fue protagonizado por el grupo que promovió un proceso de planeación participativa conocido como “Mexicali Ciudad de Gran Visión". Hace tres años este colectivo propuso realizar un plebiscito para aprobar el Plan Estratégico Municipal el mismo día de las elecciones locales pero la autoridad electoral, después de muchas reuniones con los promotores, se negó a llevarlo a cabo por falta de tiempo.

Es de vital importancia que la Ley de Participación Ciudadana sea operable, o como dicen popularmente: que tenga dientes. Es fundamental que el trámite de cualquier mecanismo de participación no quede sujeto a procesos burocráticos interminables. Además, es preciso que se prevea un presupuesto para la implementación de la ley y que los ayuntamientos actualicen su reglamentación, para que ésta se ajuste y no se oponga  a las reformas que hechas a la citada ley (como es el caso del Reglamento de Participación Ciudadana de Mexicali).

Y como dice el dicho popular: “de buenas intenciones están llenos los panteones”. Si queremos que la democracia no sea letra muerta en Baja California, empecemos por legislar con eficiencia, hacer leyes que sí se puedan aplicar.

Los parques ¿sitios de bienestar?

Foto: Pixabay

El pasado 5 de noviembre, un niño perdió la vida en el parque “Yoreme”, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora. Luis Antonio, con apenas 12 años de edad, jugaba con otros niños cuando un columpio literalmente le cayóencima. Según informan los medios locales, la estructura metálica estaba mal instalada o en muy malas condiciones (oxidada).

Familiares de la víctima y vecinos del lugar reclaman ahora a las autoridades que asuman su responsabilidad pues este hecho claramente no fue un accidente, como lo pretende hacer ver el alcalde y el hermano de éste, quien funge como director del departamento de Parques y Jardines. Esta tragedia es una negligencia de la autoridad municipal quien es responsable de la operación de todos los parques urbanos públicos de San Luis.

Parece mentira que un lugar tan inocente como un parque, que debería ser un sitio “indispensable para el desarrollo de la comunidad” (según documentos de Sedesol) e importante por su contribución al bienestar físico y mental de la población, sea en realidad un espacio de riesgo donde se pone en juego la salud y la vida propia así como la de nuestros seres queridos.

Al igual que en San Luis R.C., en Mexicali, el Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Públicos se encarga de parques, jardines y su equipamiento. Es esta área la responsable del mantenimiento y conservación de las casi 373 parques de la ciudad. Además, la Unidad Municipal de Protección Civil con auxilio de la Dirección Estatal de Protección Civil, son las responsables del control y vigilancia de los parques localizados en el municipio. Son ellos quienes deben verificar que las instalaciones no pongan en riesgo la integridad de sus usuarios.

Por otra parte, la legislación tampoco favorece a quienes hacen uso de los parques. Tenemos un Reglamento de Fraccionamientos obsoleto, anacrónico que debió desparecer por ley hace alrededor de 22 años. Esta norma tendría que obligar a los fraccionadores a entregar los parques de barrio con ciertas características. Pero como el ejecutivo estatal nunca publicó un nuevo reglamento, la aprobación del proyecto de fraccionamiento sólo obliga a donar cierto porcentaje de terreno para ser destinado a ese uso, sin que se especifiquen cómo deberán ser construidas estas instalaciones. 

Ante esta inacción de las autoridades y la falta de una adecuada legislación, nos toca como ciudadanos tomar la iniciativa. Si usted es usuario de un parque público e incluso de una instalación deportiva, este es el momento de que inspeccione usted mismo su parque de barrio y que se comunique con el Ayuntamiento o con el Gobierno del Estado (en caso de ser una instalación deportiva estatal) para denunciar todas las situaciones que crea pueden poner en riesgo su salud y la de la comunidad.

La puerta cerrada del congreso estatal

Foto: RadarBC

El Congreso del Estado no es un edificio. El Congreso del Estado es el nombre que recibe la asamblea en la que participan los “representantes del pueblo” que en conjunto integran el Poder Legislativo de Baja California. El inmueble que ocupan ahora es entonces el marco físico que facilita el trabajo que estos servidores públicos deben desempeñar. Por sentido común, se esperaría que en este lugar se discutieran los temas de relevancia para la entidad ante ojos y oídos de los  bajacalifornianos, que fuera un espacio público que dé cabida a todo tipo de ideas e interpelaciones. No deberían entonces cerrarse las puertas a quienes no van únicamente a aplaudir.

Actualmente el salón de sesiones se asemeja más a un lugar para la meditación. Como fue señalado en la columna de opinión “Voz en off” dela semana pasada, ahí pareciera que todos están de acuerdo. No hay suficientes cuestionamientos de oposición, ni siquiera porque en estos días están compareciendo los titulares de las dependencias estatales para exponer sus respectivas glosas del informe. Lo que sí hay es una sospechosa calma. Una comunión entre el ejecutivo y legislativo que da a entender que todo marcha bien en Baja California.

Una puerta rota nos recordó que no es así. El miércoles 2 de noviembre, se negó la entrada al edificio a un grupo de maestros que notoriamente iba a manifestarse contra uno de los comparecientes. La orden fue cerrarle las puertas, negar no sólo su participación sino su ingreso a este sitio que debería ser un foro de discusión por excelencia de la vida pública de la entidad. El pretexto fue que la sala ya estaba ocupada a su máxima capacidad.

Y sí, efectivamente el salón estaba lleno… Pero estaba lleno de subordinados de las mismas dependencias comparecientes. Según lo que me contó un trabajador del Sistema Educativo Estatal y por lo que han denunciado los profesores “liberados” por lo menos dos secretarios usaron esa táctica para que no se escucharan las voces de la oposición.  El Poder Legislativo hizo el trabajo de comparsa, por ingenuidad o en complicidad, y dio la orden de no dejar entrar a este grupo del sector magisterial.

El resultado fue una puerta rota (o dos). Esto sucede cuando no se enfrentan los problemas y se pretende hacer que “no pasa nada”. Detrás de toda violencia siempre hay un conflicto irresuelto y detrás de cada conflicto hay partes involucradas que sienten vulnerados sus intereses.  La defensa de los finiquitos y jubilaciones de estos profesores evidentemente es una necesidad legítima y lejos de cerrar puertas se debe abrir el dialogo y este diálogo deber servir para acordar en cómo y cuando se cubrirán las deudas que el gobierno tiene con este sector.

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Los murales del conflicto

Art of conflict

Art of conflict es un documental que muestra los murales que fueron creados en Irlanda del Norte y que expresan el conflicto y la violencia que se vivía en aquella nación.

Cuando se vivió el proceso de paz, varios pusieron su vista en aquellas paredes y pensaron que no ayudaban mucho a resolver el conflicto. Por ello decidieron modificar esas expresiones artísticas y promover otras ideas que no se asociaran directamente al conflicto y que tuvieran más relación con la identidad cultural de las comunidades.

Una idea que aparece en este documental y que me parece muy acertada es que los promotores de estas nuevas expresiones artísticas están conscientes que al modificar el contenido no están despareciendo el conflicto, pero sí buscan hacerlo menos radical. Es decir, cambiar los murales no va a desaparecer el encono que existe entre las partes (protestantes y católicos) pero si serían capaces de promover la eliminación de la violencia.

La Nancy was here

Foto: Original de Laura Tejeda, modificada con fines ilustrativos

Hace unos días se dio a conocer un mural pintado sobre la valla que divide a Mexicali de Calexico. Cecilia Ochoa, organizadora del proyecto dijo que con esta obra se quiere expresar que entre ambos países la comunicación es posible. Paradójicamente, este proyecto lo que demostró con hechos es que, el único mensaje que están dispuestos a escuchar y transmitir es aquel que sea aprobado por las autoridades, que sea tan abstracto que no incomode a nadie, o por lo menos a ningún político mexicano, que sea una piedra tirada al aire (hoy en día es de lo más fácil criticar a Donald Trump).

Digo esto porque para elaborar esta pinta los organizadores se deshicieron de otra. Se borró un mural de menores dimensiones que recordaba, a quienes circulan por ese punto vial, que han pasado ya dos años desde que desaparecieron 43 estudiantes en México y que hasta ahora, el gobierno emanado del PRI, el partido al que pertenece la diputad
a Nancy Sánchez Arredondo −la misma que presentó al público la nueva obra− no ha podido o no ha querido resolver.

El cerco divisorio fue agandallado por autoridades mexicanas. Aunque esta valla pertenece al gobierno federal estadounidense, el IMACUM, sin tener facultades para ello, otorgó permiso para pintarla, y al parecer también la Secretaría de Seguridad Pública y el ICBC quieren disponer de ella. Ahora ellos decidirán qué mensajes sí y qué mensajes no se pueden promover.

El colmo: hasta un “caleciano” nos quiere decir qué ver y qué no ver en ese cerco. Javier González, residente de Calexico, se comunicó con un integrante del colectivo que hizo la pinta de Ayotizinapa. Supongo que quiso sorprenderlo y amedrentarlo pues inició la conversación vía Facebook enviándole fotos donde aparecía el mismo Javier González al lado de ciertas autoridades. En la conversación que usted puede leer aquí, le hace saber todo su currículo vitae, y con éste sus supuestas influencias; además le aclara que tiene “la bendición” de las autoridades para disponer sobre lo que se pinta en el muro y que no van a aceptar que se inscriban mensajes políticos.

No debe de extrañarnos, una cosa es el arte callejero o arte urbano, ese que nació en Estados Unidos (otros dicen que en París), el que es contestatario, político por excelencia, el que no le pide permiso a nadie para existir, el que llaman simplemente “grafiti” como lo señala el urbanista Emiliano Duering, pero que también incluye posters, esténciles o engomados.

Otra cosa muy distinta es este renovado y popular arte urbano que ya ha invadido a muchas ciudades de todos los países, parodia del grafiti original, que no se presenta como contestatario, aunque ocasionalmente pudiera contener algún tinte de rebeldía, algo así como un “grafiti revisionista”, que ha pasado por el cedazo institucional y que incluso es promovido y buscado por autoridades y planificadores urbanos. No los culpo, a esta “nueva” forma de expresión artística se le atribuyen muchas bondades, unas evidentemente reales otras que rayan en la exageración.

Lo cierto es que eso también es arte y también embellece la ciudad. El muro elaborado por Rodrigo Villa, Fernando Corona y Carlos Cortez es un espléndido taco de ojo para los que pasamos con frecuencia por el sitio. Tampoco está mal buscar recursos públicos para solventar la obra y el trabajo de los artistas. Para eso también sirven los impuestos.

Tan renovado y revisado está este arte callejero, que de él se aprovecharon para promover su imagen personal tres integrantes de la clase política mexicana. Esto, con el original arte urbano hubiera sido impensable. ¿Pero era necesario que los diputados en lo particular firmaran el mural como lo hicieron? ¿Lo hicieron por falta de ética (por gandallismo) de Nancy Sánchez, Exaltación González y Brenda Castro o por ignorancia? ¿Era necesario deshacerse del mensaje de Ayotzinapa?

By the way, como dicen los gringos: el cerco divisorio será muy de las autoridades federales estadounidenses (no de la ciudad de Calexico, no del condado de Imperial, no de California) pero el paisaje urbano, es nuestro.