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| Cortesía: Cristian Torres |
La municipalización de San Felipe fue la primera iniciativa recibida por la vigésimo tercer legislatura del estado. Es un documento de 15 páginas entregado por el diputado morenista Juan Manuel Molina en cuya exposición de motivos se reconoce que en San Felipe no se ha podido o no se ha querido detonar el potencial de desarrollo que tiene el puerto. Al mismo tiempo señala que la población no ha sido integrada efectivamente a los ejercicios de planeación y que tampoco se le han asignado equitativamente las participaciones sobre los impuestos de los 3 niveles de gobierno. Pero San Felipe no es la única demarcación que aspira a convertirse en municipio en la entidad.
San Quintín, Nueva Tijuana y hasta Palaco también han expresado su interés por la municipalización. ¿Le parece exagerado? Seguramente sí, sobre todo al ver la intentona de Félix Arango de usar este instrumento para hacerse de un coto de poder a penas el año pasado (en Palaco). Recordemos que municipalizar implica hacerse de recursos y tener las facultades para disponer de ellos. Pero ¿es viable que San Felipe se convierta en municipio? De primera instancia no se puede saber.
La mayoría de los nuevos municipios en México, alegan estar en el abandono. La municipalización puede ser una estrategia válida de desarrollo local que bien puede resolver este impasse económico que atraviesa el puerto, pero también puede jugar en su contra. Jugará en su contra si las facultades que adquiere como Ayuntamiento no son suficientes para desarrollar las potencialidades del pretendido nuevo municipio; me parece que éste es el caso.
Por ejemplo, entre otros factores, la iniciativa le atribuye el deterioro del puerto a la restricción de la actividad pesquera. Señala que tales disposiciones derivan de “medidas ambientalistas que han sido aplicadas de manera absurda”. Suponiendo que así sea ¿qué puede hacer San Felipe una vez convertido en municipio para evitarlo? Tales facultades pertenecen a la federación y como municipio el puerto y sus habitantes nada podrían hacer, como hasta ahora.
El documento también señala que el turismo ha decaído. Este fenómeno tiene varias causas, muchas de ellas, sino es que todas, no están en manos de las autoridades municipales sino de las estatales y federales. Por ejemplo, la promoción del puerto en el extranjero (que con AMLO ya no se van a dar), o la imagen negativa que tiene México en otros países.
Lo bueno que sí puede dejar esta propuesta serán los estudios que se hagan y la organización comunitaria que se genere. El proceso de municipalización puede ser la ruta idónea para que los habitantes refuercen sus redes comunitarias, consoliden su identidad, conozcan las oportunidades y amenazas para el desarrollo del puerto y generen liderazgos inteligentes que puedan conducir el destino de esa localidad. Si cada quien reconoce desde el principio sus intereses personales, pero los conjugan con los intereses colectivos de la comunidad, entonces el proceso podrá ser más valioso que los resultados. Por otra parte, si los estudios que la misma constitución exige para llevar a cabo el proceso de municipalización, se elaboran en conjunto con la comunidad, ésta práctica por sí misma les mostrará nuevas estrategias para sacar adelante al puerto, independientemente del estatus político que tenga.
Ya van varias propuestas de municipalización formales e informales, no hay que echar las campanas al vuelo. La municipalización es cosa seria. Por eso no quisiera dejar de mencionar que, para erigirse como municipio, se requerirá tarde que temprano un plebiscito. Ahí deberá consultarse no sólo a ciudadanos de San Felipe, de Mexicali y su Valle, sino también a los de Ensenada (la demarcación de la iniciativa comprende territorio de esos dos municipios). Esto complejiza las cosas e incrementa el costo de tal ejercicio (en San Quintín se invirtieron aproximadamente 6 millones de pesos).
Por otra parte, deberán de armonizar la Ley de Participación Ciudadana y la Ley del Régimen Municipal, ya que ninguna de esas normas describe cuáles serán los requisitos para que los resultados de tal consulta sean obligatorios para el legislativo.
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