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| Foto cortesía de Radarbc.com |
Muchos han criticado avisadamente que Mexicali Resiste tiene
muchas y muy distintas demandas. Puede ser, pero esto, más que algo negativo,
es un síntoma esperanzador: vivimos en los tiempos en que la revolución
reivindicará no uno, sino todos los derechos que tenemos para vivir en la
ciudad que soñamos.
“La revolución será urbana o no será”, dijo un sociólogo
francés hace casi medio siglo. Es lógico, es ahí donde se aglutinan la mayoría
de las personas. Actualmente más de la mitad de la población vive en ciudades y para el 2050 se espera que la cantidad ascienda al 75%.
Por eso ese sociólogo (Henri Lefebvre) crea el concepto
“derecho a la ciudad”, allá por los años 50. Él denuncia que el capitalismo ha
estado destruyendo las ciudades, convirtiéndolas en una mercancía más, haciendo
de ellas lugares sujetos al valor de cambio y por lo tanto inaccesibles a un
gran sector (el de los oprimidos). Señala también que este sistema económico ha
degradado la vitalidad urbana, cuando la ciudad debería ser un bien común, un espacio
de encuentro para todos.
Este derecho no sólo aboga por el acceso de los ciudadanos
al espacio público, sino que agrupa todos los derechos humanos que se pueden
ejercer en este medio ambiente construido por el hombre, exige también el
acceso a todos sus recursos y bienes. El derecho a la ciudad nos da el poder de
transformarla en ese sitio que signifique algo para la colectividad, no sólo
para unos cuantos. El derecho a la ciudad es poner el desarrollo en manos de
todos.
Cuando Mexicali Resiste se
pronuncia en contra del aumento al impuesto predial, lo hace sabiendo que la
tasa actual es suficiente para cubrir los gastos del municipio. El impuesto
predial se basa en la propiedad inmobiliaria urbana, con su cobro se construyen
calles, se ejecutan programas sociales, se solventa la nómina y todas las
oficinas de la administración, se obtiene seguridad pública, entre otros muchos
servicios. Es decir, con este impuesto se construye la ciudad que tenemos, ese
espacio que algunos empresarios no sólo usan para vivir, sino que lucran con
ella, generan ganancias ($) a partir de lo que todos hemos construido (aun los
que se niegan a pagar dicho impuesto).
Mexicali Resiste, también se ha manifestado en contra de que
el Ejecutivo Estatal gaste millones de pesos en la construcción del acueducto
para una cervecería. ¿Es justo que la obra pública se destine a una sola
empresa? Pues el derecho a la ciudad también significa reclamar que el gasto
público tenga un fin social, y no sólo beneficie a unos cuantos empresarios. Lo
mismo pasa con el uso del agua, un recurso natural al cual tenemos derecho
todos o bien, la demanda de derogación de la Ley de Asociaciones Público
Privadas del Estado, que pone el recurso público en manos de unos cuantos
(también empresarios).
Ahora que en la nueva Ley General de Asentamientos Humanos
se ha reconocido formalmente el derecho a la ciudad, valdría la pena
reflexionar en las demandas que el movimiento social Mexicali Resiste ha expuesto
ante el poder ejecutivo y legislativo local, así como a las autoridades
municipales. ¿Son realmente exigencias superficiales o están haciendo efectivo
el derecho a la ciudad, ese derecho que hace nacer revoluciones?
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