Una cadera, un ojo y la injusticia del trabajo informal

Dionisio Hernández, de 36 años, instala loseta para ganarse la vida. No sabemos si trabaja por cuenta propia o con un contratista local. Lo que sí sabemos es que, como muchas otras personas en México, pertenece al sector informal. Dionisio no tiene acceso a prestaciones sociales: ni servicios médicos, ni derecho a un salario en caso de incapacidad. Su situación no es una excepción, sino un reflejo de una grave desigualdad

La semana pasada, Dionisio se accidentó mientras viajaba en un autobús de la línea “Amarillo y Blanco”. La fractura de cadera que sufrió no solo le ha causado dolor físico; su familia ahora enfrenta la pérdida total de ingresos. En ausencia de un sistema de apoyo social, su supervivencia depende de la solidaridad de su comunidad. Una situación sin duda, desesperante.

Hace unos meses, un joven familiar mío, consiguió su primer trabajo como diseñador gráfico en una clínica dental. Allí le pagan poco y en efectivo; al igual que Dionisio no tiene contrato ni prestaciones laborales, como sucede con la mayoría del personal en ese lugar. Hace unos días, le extrajeron una muela y como consecuencia tuvo una infección ligera que le impidió ir a trabajar unas horas. Su jefa, -la empresaria y dentista- le descontó el día.

La ambición empresarial devora sin piedad las vidas y derechos de quienes sostienen su riqueza. En Mexicali, el turismo de salud genera al menos 12 millones de dólares mensuales. Los servicios de odontología y oftalmología son los que más demanda registran y los tres órdenes de gobiernos siempre están implementando políticas públicas para apoyar a ese sector de la economía: se llevan a cabo congresos, se organizan visitas de promoción a ciudades del país vecino, se les asignan elementos de la policía local a los clúster médicos, en fin, se les da todo el apoyo que se les puede brindar. ¿Cómo está respondiendo el empresariado local? 

El sector público tampoco vende piñas, ni canta mal las rancheras. Para evadir su responsabilidad laboral contrata a personal de confianza, eventual, los camufla con contratos por honorarios. No existe un fondo para pensiones y ni hablar de estabilidad laboral. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que expolia a sus trabajadoras y trabajadores?

La informalidad afecta a miles de familias mexicanas. Esta situación no es una elección voluntaria, sino una consecuencia de las profundas desigualdades sociales en nuestro país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI), el 33.8% de la población económicamente activa de la ciudad de Mexicali trabaja en la informalidad. Esto equivale a unas 180 mil personas sin acceso a servicios médicos, fondos para pensiones ni estabilidad laboral. En otras palabras, sin las mínimas garantías que deberían estar protegidas por la ley

Es de aplaudir que el Gobierno Federal esté impulsando el programa Imss Bienestar. Gracias a eso, familias podrán acceder a consultas, estudios médicos y medicinas; pero hace falta más.  Debemos fortalecer urgentemente la inspección laboral, sancionar a quienes incumplan sus obligaciones, simplificar los trámites de acceso a la seguridad social y crear un sistema de pensiones específico para personas autoempleadas o contratadas por honorarios. Solo así podremos sacar de la precariedad a más de 33 millones de personas trabajadoras en nuestro país. 

Como sociedad también tenemos que alentar una mayor justicia social: señalar pública e insistentemente a quienes depredan a la clase trabajadora es lo mínimo que podemos hacer. Es importante que los medios den seguimiento a historias como la de Dionisio Hernández, quien con su esfuerzo contribuye al desarrollo de nuestra ciudad, pero como sociedad no hemos podido responder a sus necesidades más básicas.

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Glosario:

Población Económicamente Activa: Personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas.

MÁS ALLÁ DE LA BURBUJA JUDICIAL

 

No supe si reír o llorar al escuchar a Miguel Carbonell hablar sobre la Reforma Judicial. ¿Es que puede estar más alejado de la realidad? Dijo que quienes van a sufrir las consecuencias de la Reforma serán “los que menos tienen” porque el resto llevará sus litigios a instancias internacionales. ¿En serio? Alguien debería decirle que, desde hace décadas, miles de personas, entre ellas, quienes menos tienen, dejaron de utilizar este “excelentísimo” sistema judicial, ya que las desigualdades en el país nos impiden el acceso porque no tenemos ni el tiempo ni el dinero que se requiere para obtener siquiera un recurso de amparo, la “joya de la corona” —como le llama él.  

Además de ser conservador, Carbonell es abogado ¿Qué otra cosa podemos esperar? Y, sin ánimos de ofender, la mayoría de las y los profesionistas del derecho viven en una burbuja que es necesario reventar de una vez por todas. Esa burbuja tiene sus orígenes en los programas de estudio de esa carrera que no promueven el pensamiento crítico, pero son muy eficaces para enseñar como fundamentar casi cualquier cosa con leyes, sin cuestionarse a qué intereses están respondiendo. Tampoco podemos caer en la ingenuidad: formar parte del sistema genera comodidad, y esto puede hacer que se ignoren sus fallas. Si el sistema les funciona a ellas y a ellos, les es fácil creer que debe funcionar igual para todas y todos.

Por eso, algunos le creen a Carbonell cuando dice que la reforma “decapita al Poder Judicial” (una clara apelación a la emoción). Curiosamente, los entrevistadores no le preguntaron por qué usó esa expresión y, aunque dio todo tipo de argumentos, ninguno justificaba esta supuesta "decapitación" (aquí insertaría un llanto de cocodrilo). Esto es una falacia de la pendiente resbaladiza: afirmar que un pequeño cambio llevará inevitablemente a un desastre, sin mostrar pruebas de que eso realmente sucederá. Pura ideología.

La Reforma de la 4T no le quita funciones al Poder Judicial; su objetivo es independizarlo de otras fuerzas. Antes, el Ejecutivo y el Legislativo designaban puestos clave en el sistema judicial. Con los cambios constitucionales, esos poderes ceden esa atribución y la devuelven al pueblo, para que todas y todos podamos vigilar que las resoluciones judiciales protejan los derechos fundamentales, atiendan al interés general y garanticen a todas y todos un acceso igualitario. Así, las y los gobernados podremos cuidar la eficacia y la independencia del Sistema Judicial Mexicano, algo que, por supuesto, incomoda a algunas personas.

No es la primera vez que en México sacudimos al poder económico del poder político. En los primeros Ayuntamientos de la Ciudad de México, los ediles compraban sus cargos y se quedaban en ellos de forma permanente. Para limitar el poder de unos pocos privilegiados, se estableció en la Constitución que estos cargos fueran elegidos por la ciudadanía. Hoy en día, nadie diría que esto "decapitó" al municipio en México.

Mis colegas y todos y todas en general debemos entender que en el país existen otros poderes. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial son solo tres poderes del subsistema estatal, pero también existe un subsistema social compuesto por diferentes fuerzas: los partidos políticos, el sector bancario, el académico, la delincuencia organizada, las empresas de medios de comunicación, entre otros. Todos estos poderes de facto deben estar bajo ciertos límites (o eliminarse, como el caso de la delincuencia).

En realidad, lo que hace esta Reforma es separar los intereses de grupo del sistema judicial, especialmente los de quienes tienen mayor poder económico, ya que esta influencia perjudica el interés general. No hay más; todo lo demás es cuento. Apoyemos la reforma, es por el bien de todas y todos.

PEOR QUE EL CHAPO GUZMÁN

Genaro García Luna, imagen tomada de internet

Esta semana pensé en escribir sobre el millón de viviendas con las que se garantizará el acceso a este derecho a quienes injustamente han sido marginados y marginadas de las políticas de este sector. También me pasó por la mente hacer mención del paquete de reformas laborales con las que por fin se reconocerán los derechos de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores de plataformas proveedoras de servicios como Uber o Didi. La verdad es que ayer cambié de opinión pues me puse a reflexionar y creo que para lograr esos derechos —y otros más— primero necesitamos que todas y todos tomemos una postura clara sobre el caso de García Luna.

Felipe Calderón, el expresidente de extracción panista, quien nombró a García Luna como su Secretario de Seguridad, ya se definió. Esta semana publicó en sus redes sociales que nunca se dio cuenta de que su mano derecha estaba vinculado a una organización criminal; también expresó que lo volvería a hacer. Con esto no sólo confiesa su complicidad, sino que además está revelando la postura que tomarán muchos panistas quienes, como él, tratarán de deslindarse y lo negarán 3 veces, o las veces que consideren necesarias para que les crean tal mentira.

Ciertas empresas noticiosas también están exhibiéndose a sí mismas. Algunos conductores y conductoras (por ejemplo, el Grupo Fórmula) están usando sus espacios para boicotear la reforma constitucional con la que se pretende empoderar a la ciudadanía haciéndonos responsables de elegir a las y los juzgadores del Poder Judicial Federal. Casualmente es la misma postura que tomó García Luna en su más reciente carta dirigida al juez Cogan antes de que éste le dictara sentencia.

Afortunadamente existe otro periodismo y otros medios. En la mañanera de hoy, Ramón Flores, quien participa en los medios El Centinela Informa y Humanoid, expresó su pena e indignación porque algunas “vacas sagradas” de los medios matizaron las palabras que el juez Brian Cogan le dirigió a García Luna. Nos aclaró que no fue una simple comparación como algunos han sostenido tibiamente, dijo que en su discurso el juez reprochó la falsa apariencia de buen ciudadano de García Luna cuando le manifestó: usted es capaz de estar en la iglesia los fines de semana y saliendo de la iglesia estar negociando con los traficantes. El representante de los medios mencionados dijo que además el juez afirmó “usted es peor que el Chapo Guzmán”.

Y es importante subrayar el mensaje reiterado que desde la mañanera del martes ha estado dando la presidenta: el pueblo de México necesita reflexionar. Al menos una decena de veces utilizó esta palabra, pero creo que no se ha entendido lo suficiente y me dieron ganas de aportar mi opinión para hacer la misma invitación.

Pensemos pues lo que significa que Felipe Calderón hubiera llegado a la presidencia no como consecuencia del voto popular sino gracias a un fraude. Entonces ¿quiénes lo pusieron ahí? Felipe Calderón ha sostenido que él no sabía nada sobre los vínculos que tenía su “superpolicía” con el crimen organizado. ¿Cómo que no estaba enterado si tanta gente se los decía? ¿Le vamos a creer? (Un botón de muestra es el video de la intervención del 2010 a cargo de Fernández Noroña en la que llama asesino y corrupto a García Luna).

Analicemos la importancia de la Reforma comentada en el contexto de lo que ahora se sabe y sobre lo que se tiene certeza ¿Quiénes podrían ser juzgados bajo la próxima configuración del Poder Judicial? ¿Quiénes protegieron a García Luna todos estos años? ¿Quién de sus cuates y cómplices continúan viviendo en nuestro país? (algun@s ya están haciendo maletas).

¿No es esta una prueba que estuvimos en manos de un narcogobierno? ¿Puede existir un narcogobierno sin una red de cómplices en el Poder Judicial o en los partidos políticos?

Para mí el llamado es muy claro. Pero para pasar de la reflexión a la acción tenemos que reconstruir las instituciones en México y la propuesta del Gobierno Federal y de la 4T es que lo hagamos siempre con participación ciudadana. La reforma al Poder Judicial le arrebata a los partidos políticos la influencia que tenían en la integración y funcionamiento de este poder. Esto significa que la 4T, por ser la fuerza en el poder, ha renunciado a las propias ventajas que esto representaba.

Se nos plantea ahora un Poder Judicial distinto, más vinculado con el pueblo. Se nos está exigiendo que participemos cada vez más en la vida política del país. Se nos está pidiendo ejercer una ciudadanía informada. Hagamos historia y no rechacemos esta valiosa oportunidad. Hay que tomarles la palabra.

Oportuncrisis, el cliente que EUA perdió

En las crisis es común que surjan oportunidades que en otros tiempos no se habrían presentado. Oportuncrisis fue la palabra que inventó Homero Simpson para referirse a este fenómeno luego de que Lisa, su hija, le contara que en China el término crisis significa al mismo tiempo oportunidad. La palabra en chino no significa necesariamente ambas cosas, como dijo Lisa, al parecer esta confusión fue difundida por cursos de motivación y superación personal. Sin embargo, lo que sí es verdad es que estamos siendo testigos de cambios y oportunidades que China, está aprovechando muy bien.

Por ejemplo, el domingo pasado el presidente de los EUA amenazó con obligar a la empresa 3M a priorizar la venta de cubrebocas a la demanda de ese país. La firma intentó defenderse argumentando que existen implicaciones humanitarias para no cortar el suministro de ese material a Canadá y América Latina. Hace 3 días se supo que no fue necesario obligar a la empresa y esta se comprometió a proveerles, de manera prioritaria, más de 165 millones de mascarillas.

El canciller mexicano hoy nos dio cuenta del segundo cargamento de suministros médicos que están llegando al país desde China. Se tuvo que evaluar el estándar de calidad respecto al uso de los cubrebocas que esa nación ofrecía y compararla con la calidad con la que se venía trabajando en México ya que normalmente aquí se usan productos 3M. El producto chino fue aprobado por la COFEPRIS.

La actitud de Trump juega en contra de sus propias empresas. Ahora México no sólo piensa en comerciar cubre bocas, sino que ya se abrió un puente comercial entre las dos naciones para facilitar el transporte de otros insumos médicos desde aquel país. El incremento de la demanda de este tipo de productos generó una oportunidad enorme de ventas para quiénes los elaboran y distribuyen, pero la personalidad de Trump puso a México en bandeja de plata como cliente nuevo de China. Ya con el puente tendido, quién sabe qué otras cosas nuevas surjan.

¿Con casino o sin casino?

Imagen: pixabay.com

Mexicali está reprobado en gobernanza urbana. En el 2018, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Hábitat y la Secretaría de Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) publicaron el Índice Básico de Ciudades Prósperas; entre las ciudades analizadas estuvo Mexicali que salió con una evaluación muy baja en dos de las cinco dimensiones que integran el concepto de prosperidad. Una de esas dimensiones es, como dije, el de la gobernanza urbana.

La gobernanza urbana es la capacidad del gobierno para dirigir de la mano con los ciudadanos, su propio desarrollo urbano. También se trata de prever y prevenir los conflictos y las inequidades que éste pueda traer. Si el desarrollo urbano no es dirigido por esta dupla ciudadano-gobierno, entonces no puede hablarse de gobernanza pues ésta exige el acuerdo y la acción conjunta de todos los actores al momento de orientar el desarrollo del municipio. La gobernanza urbana es darle las riendas del desarrollo al gobierno y a sus ciudadanos: a los dos al mismo tiempo.

La desregulación de las condicionantes para la operación de casinos es un ejemplo de la falta de gobernanza urbana. El mes pasado, nuestros diputados locales desaparecieron la prohibición que existía para establecer ese tipo de negocios en Baja California. Nadie supo de esta medida hasta que fue votada en el Congreso. Esta reforma junto con las modificaciones al impuesto para los juegos de apuestas es un desvelo de lo que será el proyecto de la 4T en la región. Se hace cada vez más evidente el modelo de economía que quieren implantar y ya se sabe del casino que el proyecto Chinatown que pretenden construir en el Centro Histórico y que incluye 1000 metros cuadrados para este tipo de establecimientos.

Lo que sigue es regular a nivel municipal los usos de suelo.  Ahora es responsabilidad de los cabildos modificar el Reglamento de Usos de Suelos o en su ausencia, los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población y desde ahí fijar las restricciones y condicionantes que estimen convenientes. Incluso podrían desde esa reglamentación prohibir la instalación de este tipo de negocios. No es que el municipio se haya quedado sin facultades para prohibirlos, es ahora cuando puede más puede actuar.

Dice la ONU que mejorar esta dimensión nos puede convertir en una ciudad próspera. Para ello es necesario que la legislación local, la administración pública y las estructuras de participación ciudadana, armonicen el funcionamiento de las demás dimensiones que integran el concepto de prosperidad. Yo digo que, si no se hace de esta manera, seguiremos siendo gobernados por un conjunto de amigos políticos-empresarios que conciben al gobierno como la incubadora de sus propios proyectos económicos.

¿Es justo el nuevo impuesto a la construcción?

La planeación urbana debe ir siempre de la mano de política fiscal.  El desarrollo urbano no sólo se trata de construir mucho. Cada nueva edificación o ampliación significa una nueva actividad o una intensificación de las actividades que ya se venían dando. Con ello, el gobierno municipal debe brindar servicios y adecuar la infraestructura a una realidad distinta. Eso evidentemente tiene un impacto en el erario público.

El día de hoy, la administración municipal propondrá al Congreso Estatal la creación de un nuevo impuesto que gravará a las nuevas construcciones. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el regidor panista Héctor Ibarra informaron a la opinión pública su postura en contra de la creación de este nuevo tributo que, dicen, impactará negativamente a los bolsillos de los compradores de vivienda media, edificaciones comerciales, turísticas e industriales. Es lógico pensar que tienen razón, la industria de la construcción es un negocio y en ese sentido buscará maximizar ganancias y por obvias razones no absorberá costos adicionales por su actividad.

Dicen los que saben, que para aumentar o crear nuevos impuestos es necesario evaluar las condiciones administrativas, económicas y políticas del momento. Dejando de lado las reservas de Ibarra Calvo sobre la supuesta incierta redacción, y olvidándonos un momento si la nueva administración será capaz de incrementar su capacidad recaudatoria, quisiera invitar a reflexionar sobre la conveniencia del pretendido impuesto en el contexto de la política urbana.

Es muy conocido por todos que Mexicali es una ciudad porosa. La expansión del área urbana ha salido bastante del control. No sólo tenemos desarrollos urbanos en las periferias, muchos de éstos, sobre todo los habitacionales se asemejan a zonas de desastre: abunda la vivienda abandonada o incluso es posible ver a diestra y siniestra conjuntos que nunca fueron habitados. En esa burbuja inmobiliaria perdimos todos: los trabajadores sus ahorros, el gobierno el subsidio a la vivienda social, y la ciudad, el costo de llevar infraestructura y servicios a esas zonas casi abandonadas. Ni hablar de la fiebre de centros comerciales y enormes edificios que aun siguen sin ser ocupados, sobre todo por el área conocida como “zona dorada”.

Los que pierden poco o nada son precisamente los desarrolladores. Una vez cerrado el negocio ellos se desentienden del problema, guardan las ganancias en sus bolsillos y van en busca del siguiente cliente. En ese sentido me parece muy justo que el gobierno municipal busque recaudar más con esa actividad. De alguna manera debe financiar las nuevas obligaciones que el desarrollo urbano le traerá.

Sin embargo, la industria de la construcción también activa la economía local. Para no frenarla, el gobierno municipal bien podría proponer una tasa diferenciada de ese nuevo impuesto. Una tasa que desincentive la construcción donde no se necesita y la impulse donde más se requiere. Así el crecimiento de la ciudad no será un lastre para sus habitantes.

Un parque limpio de pobres

Ilustración: cortesía de Omar Perea

El Parque del Mariachi amaneció sin pobres. De un día para otro, de la noche a la mañana, las personas en situación de calle desaparecieron. Este fenómeno social —presente en el Centro Histórico durante décadas— terminó el pasado 23 de noviembre, cuando las autoridades municipales decidieron “limpiar” el parque para poder realizar el festejo del día del músico. ¡Cómo no se nos ocurrió antes! Escobas, agua, algo de jabón y adiós pobreza.

Desde su celular la alcaldesa nos transmitió lo orgullosa que estaba de su personal de Limpia (Ver Video). A ellos les decía que, ese día, el parque… “nada que ver con ese hogar de personas en situación de calle…que hasta jeringas llegamos a ver”.  La verdad es que a quien le tiene que agradecer no es al personal Servicios Públicos, sino a la Policía Municipal. Aunque algunos así lo quisieran, las escobas no barren a las personas, los cuerpos policiacos sí. El Parque del Mariachi lucía bonito, limpio, seguramente amaneció oliendo a jabón, a fabuloso y a represión.

Pensemos ¿qué es más importante: un parque o las personas? Si el interés del gobierno municipal fuera su gente, hubiéramos visto una transmisión en vivo NO desde el Parque del Mariachi, sino desde los centros de rehabilitación y los albergues a los que supuestamente enviaron a casi todas las personas en situación de calle que usaban ese lugar. La preocupación no se hubiera centrado en mostrar la limpieza de un área verde sino el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que fueron desplazadas (vaya usted a saber si en contra o con su voluntad). Y ¿Cómo harán los albergues para atender a tanta gente ahora que el gobierno federal disminuyó su apoyo? ¿Será que el gobierno municipal tiene contemplado costear su operación? No creo.

Para el gobierno municipal lo importante es el espacio físico, no su gente. Y eso no lo digo yo, lo dijo en el mismo video un servidor público adscrito al Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACUM): lo que se quiere es “cambiar el perfil de visitantes”. El discurso que se está usando para intervenir el Centro Histórico se plantea desde una perspectiva de apoyo a la economía local pero no hay desarrollo que valga si no se atiende de raíz el sufrimiento de los que menos tienen. 

No es la primera vez que ejecutan este tipo de desplazamientos. Hace unos años, un grupo de profesionistas locales (arquitectos, artistas, entre otros), apoyados del IMACUM de Gustavo Sánchez  y de algunos comerciantes,  cometieron el mismo “error”. En su afán de hacer Algo Por el Centro Histórico y de “crear espacios públicos” intervinieron ese mismo lugar. En ese entonces la policía municipal desplazó del sitio a toda aquella persona que luciera como indigente, como usuario de drogas, o que padeciera alguna enfermedad mental. Se buscaba con ello reservar el parque para el disfrute  de “la gente bien”. 

Es verdad, en el Centro hay muchos signos de pobreza. Pero el gobierno municipal también tiene compromiso con los pobres. El gobierno no sólo se debe a los empresarios de cerveza artesanal o comercial, no sólo se debe a los organizadores de conciertos o al sector restaurantero; el compromiso también es con los que menos tienen. La vulnerabilidad de estos grupos tiene que ser abordada desde una perspectiva humanitaria no como una política de higienismo social.

El reto ahora es pensar en un proyecto urbano sustentable. De no cuidarse los impactos sociales del que pareciera ser el proyecto más importante de esta administración está en riesgo de convertirse también en el proyecto más perverso.