Dionisio Hernández, de 36 años, instala loseta para ganarse la vida. No sabemos si trabaja por cuenta propia o con un contratista local. Lo que sí sabemos es que, como muchas otras personas en México, pertenece al sector informal. Dionisio no tiene acceso a prestaciones sociales: ni servicios médicos, ni derecho a un salario en caso de incapacidad. Su situación no es una excepción, sino un reflejo de una grave desigualdad
La semana pasada, Dionisio se accidentó mientras viajaba en un autobús de la línea “Amarillo y Blanco”. La fractura de cadera que sufrió no solo le ha causado dolor físico; su familia ahora enfrenta la pérdida total de ingresos. En ausencia de un sistema de apoyo social, su supervivencia depende de la solidaridad de su comunidad. Una situación sin duda, desesperante.
Hace unos meses, un joven familiar mío, consiguió su primer trabajo como diseñador gráfico en una clínica dental. Allí le pagan poco y en efectivo; al igual que Dionisio no tiene contrato ni prestaciones laborales, como sucede con la mayoría del personal en ese lugar. Hace unos días, le extrajeron una muela y como consecuencia tuvo una infección ligera que le impidió ir a trabajar unas horas. Su jefa, -la empresaria y dentista- le descontó el día.
La ambición empresarial devora sin piedad las vidas y derechos de quienes sostienen su riqueza. En Mexicali, el turismo de salud genera al menos 12 millones de dólares mensuales. Los servicios de odontología y oftalmología son los que más demanda registran y los tres órdenes de gobiernos siempre están implementando políticas públicas para apoyar a ese sector de la economía: se llevan a cabo congresos, se organizan visitas de promoción a ciudades del país vecino, se les asignan elementos de la policía local a los clúster médicos, en fin, se les da todo el apoyo que se les puede brindar. ¿Cómo está respondiendo el empresariado local?
El sector público tampoco vende piñas, ni canta mal las rancheras. Para evadir su responsabilidad laboral contrata a personal de confianza, eventual, los camufla con contratos por honorarios. No existe un fondo para pensiones y ni hablar de estabilidad laboral. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que expolia a sus trabajadoras y trabajadores?
La informalidad afecta a miles de familias mexicanas. Esta situación no es una elección voluntaria, sino una consecuencia de las profundas desigualdades sociales en nuestro país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI), el 33.8% de la población económicamente activa de la ciudad de Mexicali trabaja en la informalidad. Esto equivale a unas 180 mil personas sin acceso a servicios médicos, fondos para pensiones ni estabilidad laboral. En otras palabras, sin las mínimas garantías que deberían estar protegidas por la ley
Es de aplaudir que el Gobierno Federal esté impulsando el programa Imss Bienestar. Gracias a eso, familias podrán acceder a consultas, estudios médicos y medicinas; pero hace falta más. Debemos fortalecer urgentemente la inspección laboral, sancionar a quienes incumplan sus obligaciones, simplificar los trámites de acceso a la seguridad social y crear un sistema de pensiones específico para personas autoempleadas o contratadas por honorarios. Solo así podremos sacar de la precariedad a más de 33 millones de personas trabajadoras en nuestro país.
Como sociedad también tenemos que alentar una mayor justicia social: señalar pública e insistentemente a quienes depredan a la clase trabajadora es lo mínimo que podemos hacer. Es importante que los medios den seguimiento a historias como la de Dionisio Hernández, quien con su esfuerzo contribuye al desarrollo de nuestra ciudad, pero como sociedad no hemos podido responder a sus necesidades más básicas.
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Glosario:
Población Económicamente Activa: Personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas.
