No supe si reír o llorar al escuchar a Miguel Carbonell hablar sobre la Reforma Judicial. ¿Es que puede estar más alejado de la realidad? Dijo que quienes van a sufrir las consecuencias de la Reforma serán “los que menos tienen” porque el resto llevará sus litigios a instancias internacionales. ¿En serio? Alguien debería decirle que, desde hace décadas, miles de personas, entre ellas, quienes menos tienen, dejaron de utilizar este “excelentísimo” sistema judicial, ya que las desigualdades en el país nos impiden el acceso porque no tenemos ni el tiempo ni el dinero que se requiere para obtener siquiera un recurso de amparo, la “joya de la corona” —como le llama él.
Además de ser conservador, Carbonell es abogado ¿Qué otra cosa podemos esperar? Y, sin ánimos de ofender, la mayoría de las y los profesionistas del derecho viven en una burbuja que es necesario reventar de una vez por todas. Esa burbuja tiene sus orígenes en los programas de estudio de esa carrera que no promueven el pensamiento crítico, pero son muy eficaces para enseñar como fundamentar casi cualquier cosa con leyes, sin cuestionarse a qué intereses están respondiendo. Tampoco podemos caer en la ingenuidad: formar parte del sistema genera comodidad, y esto puede hacer que se ignoren sus fallas. Si el sistema les funciona a ellas y a ellos, les es fácil creer que debe funcionar igual para todas y todos.
Por eso, algunos le creen a Carbonell cuando dice que la reforma “decapita al Poder Judicial” (una clara apelación a la emoción). Curiosamente, los entrevistadores no le preguntaron por qué usó esa expresión y, aunque dio todo tipo de argumentos, ninguno justificaba esta supuesta "decapitación" (aquí insertaría un llanto de cocodrilo). Esto es una falacia de la pendiente resbaladiza: afirmar que un pequeño cambio llevará inevitablemente a un desastre, sin mostrar pruebas de que eso realmente sucederá. Pura ideología.
La Reforma de la 4T no le quita funciones al Poder Judicial; su objetivo es independizarlo de otras fuerzas. Antes, el Ejecutivo y el Legislativo designaban puestos clave en el sistema judicial. Con los cambios constitucionales, esos poderes ceden esa atribución y la devuelven al pueblo, para que todas y todos podamos vigilar que las resoluciones judiciales protejan los derechos fundamentales, atiendan al interés general y garanticen a todas y todos un acceso igualitario. Así, las y los gobernados podremos cuidar la eficacia y la independencia del Sistema Judicial Mexicano, algo que, por supuesto, incomoda a algunas personas.
No es la primera vez que en México sacudimos al poder económico del poder político. En los primeros Ayuntamientos de la Ciudad de México, los ediles compraban sus cargos y se quedaban en ellos de forma permanente. Para limitar el poder de unos pocos privilegiados, se estableció en la Constitución que estos cargos fueran elegidos por la ciudadanía. Hoy en día, nadie diría que esto "decapitó" al municipio en México.
Mis colegas y todos y todas en general debemos entender que en el país existen otros poderes. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial son solo tres poderes del subsistema estatal, pero también existe un subsistema social compuesto por diferentes fuerzas: los partidos políticos, el sector bancario, el académico, la delincuencia organizada, las empresas de medios de comunicación, entre otros. Todos estos poderes de facto deben estar bajo ciertos límites (o eliminarse, como el caso de la delincuencia).
En realidad, lo que hace esta Reforma es separar los intereses de grupo del sistema judicial, especialmente los de quienes tienen mayor poder económico, ya que esta influencia perjudica el interés general. No hay más; todo lo demás es cuento. Apoyemos la reforma, es por el bien de todas y todos.
